Juan Carlos Atoche, especialista en gestión de riesgos de la Universidad de Piura (UDEP), advirtió que el Perú carece de estudios nacionales o regionales para cuantificar el impacto económico y humano de un gran terremoto en su infraestructura crítica (viviendas, hospitales y carreteras), a diferencia de lo que ocurre en Colombia y Chile. El país solo dispone de un mapa de amenaza sísmica que identifica dónde el movimiento del suelo sería más intenso durante un sismo, pero no permite saber qué edificaciones colapsarían o cuáles resistirían. En Piura, las provincias costeras como Piura, Paita, Sechura y Talara presentan una amenaza sísmica alta, mientras que zonas orientales como Ayabaca, Morropón y Huancabamba registran niveles menores.

El gran desafío, según Atoche, es desarrollar evaluaciones de vulnerabilidad sísmica de las construcciones existentes. Estos estudios determinan si un colegio, hospital, puente, carretera o vivienda soportaría un terremoto, considerando factores como la antigüedad, el diseño estructural y geotécnico, el mantenimiento y la calidad de la construcción. “Lo que debemos evaluar ya no es la amenaza del terreno, sino la vulnerabilidad de las edificaciones. Esa información es la que permitirá conocer realmente el riesgo sísmico de Piura”, explicó.

El docente recordó que el único diagnóstico de gran alcance realizado en el país fue el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE2025), elaborado tras el primer Censo Nacional de Infraestructura Educativa ejecutado en 2015. Ese trabajo, coordinado por Atoche como parte de una asistencia técnica del Banco Mundial, evaluó cerca de 50 mil instituciones educativas públicas del país y estableció la inversión necesaria para garantizar la seguridad de los 6 millones de niñas y niños que asisten a esos espacios. Como resultado, el PNIE —recientemente extendido hasta el 2028— estimó que las necesidades de inversión para asegurar condiciones mínimas de seguridad y funcionalidad ascienden a 60,000 millones de soles (17,600 millones de dólares).

En el estudio se detectó que los colegios levantados antes de los años 80 tienen mayor vulnerabilidad sísmica, pues se rigieron por normas estructurales antiguas. Sin embargo, Atoche precisó que eso no implica demolerlos de inmediato. “Muchas de estas instituciones pueden ser reforzadas estructuralmente. La demolición solo debe considerarse cuando las edificaciones fueron construidas de manera informal o presentan deficiencias que hacen inviable su recuperación”, señaló. El especialista recomendó que este tipo de diagnósticos se actualice cada tres o cinco años, como ocurre en países con alta actividad sísmica, para conocer el estado real de la infraestructura pública. Asimismo, instó a priorizar la evaluación sísmica en colegios, hospitales, puentes, carreteras, puertos, centrales hidroeléctricas, presas y demás infraestructura estratégica edificada hace varias décadas. El objetivo es determinar cuáles requieren reforzamiento estructural y cuáles deben ser reemplazadas.

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