Dos normas recién aprobadas en el Perú, aunque nacidas de propósitos legítimos –combatir la delincuencia y reducir el acoso comercial–, revelan una tendencia preocupante: regular sin ponderar ni medir los efectos colaterales. La primera es el Decreto Supremo 046-2025-PCM, que prohíbe que dos personas circulen en motocicleta por Lima y Callao. La segunda prohíbe realizar llamadas, enviar mensajes o correos no solicitados con fines comerciales.

Imagine que solo se moviliza en moto porque quiere o porque no tiene otra elección. ¿Cómo se sentiría si lo tratan como sospechoso solo por querer moverse con su pareja o un amigo? La medida contra las motos busca prevenir delitos como el sicariato y el robo al paso, pero ignora que miles de ciudadanos usan este medio de forma lícita, familiar o laboral. Empresas de delivery y personas son penalizadas por el solo hecho de movilizarse. No se evalúan medidas para combatir la raíz del problema: se sanciona al conjunto.

Por otro lado, imagine que es un empresario. ¿Qué pensaría si le prohibieran por completo toda posibilidad de contacto comercial, incluso aquella que le fue solicitada previamente? Aunque la segunda norma busca proteger al consumidor de prácticas invasivas –y coincido en que el spam es molesto–, el texto aprobado impide incluso el primer contacto para solicitar autorización. Esta medida impacta directamente en el derecho a la libertad de empresa y afecta a todo aquel que depende del marketing directo como vía de expansión, así como a las empresas cuyo giro de negocio es prestar estos servicios. Además, desconoce que el consentimiento informado, no la supresión total, es el estándar internacional en la materia.

El Informe sobre la competitividad europea (2024) ya advierte sobre los efectos no deseados de una mala regulación: asfixiar la innovación y debilitar el dinamismo económico. Para evitarlo, propone fortalecer la capacidad regulatoria de los Estados para que intervengan con inteligencia, proporcionalidad y evaluación de impacto. El Estado debe actuar contra el crimen, y cabe evaluar cómo proteger a los consumidores del incesante acoso por prácticas de marketing, pero es necesario ponderar si las medidas son las apropiadas. Las regulaciones deben resolver problemas sin crear otros peores. La respuesta a la criminalidad no puede criminalizar al usuario promedio, y la defensa del consumidor no debe convertirse en una barrera para emprender. Una economía competitiva requiere certeza, equilibrio y libertad. Esto se construye —como señala el reporte— con instituciones capaces de decir "no" al atajo normativo y "sí" al análisis riguroso, como exigen los principios de buena regulación. Cuando eso no ocurre, lo que tenemos no es protección, sino paternalismo ineficiente. Regular no es sinónimo de prohibir, y proteger no implica restringir por defecto. Entre la moto y el spam, lo que falta no es prohibición, sino ponderación.

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