El subsector de Hidrocarburos concentra la mayor inversión comprometida en la cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) de ProInversión para el periodo 2026-2028: unos US$ 7,230 millones que, de haberse concretado antes, evitarían que la crisis actual sea tan severa. Esa cifra se distribuye de manera equitativa entre dos adendas (modificaciones contractuales) y dos proyectos APP propiamente dichos.
Entre las adendas, la de Cálidda —distribuidor de gas natural en Lima— busca ejecutar el denominado proyecto “7 regiones”, que extendería sus redes a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. La inversión requerida asciende a US$ 643 millones. Según ProInversión, la firma de esta adenda está prevista para el segundo trimestre de este año. Fuentes vinculadas a la negociación indican que la empresa ya levantó todas las observaciones, pero aún falta la validación del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La rotación de ministros por los cambios de gobierno habría frenado el visto bueno de esa cartera hasta ahora.
La otra adenda corresponde a TGP, que junto a Cálidda está por cerrar modificaciones a sus APP originales. Ambos casos son conocidos, pero la coyuntura actual les otorga mayor relevancia, sobre todo porque están a punto de concretarse. Gestión consultó sobre el futuro de estos proyectos y las respuestas apuntan a que, pese a los retrasos, las negociaciones avanzan.
TGP busca un objetivo mayor: una adenda por US$ 2,000 millones. Durante CADE Ejecutivos 2024, la empresa anunció “TGP extensión sur”, un proyecto para extender ductos de gas hacia esa parte del país a través de la costa. A cambio, TGP solicita que el Estado extienda su concesión, que arrancó en el 2000 y expira en 2033, por 10 años más, hasta 2043. Por ahora, sigue en evaluación técnica, pero ProInversión proyecta cerrar el acuerdo en el cuarto trimestre de este año, siendo así uno de los primeros compromisos que cerraría el próximo presidente del Perú. La propuesta incluye construir un gasoducto principal 100% financiado por TGP, que iría desde Humay (Ica) hasta Ilo (Moquegua), más dos ramales a Arequipa y Mollendo, y una planta compresora. Sin embargo, ProInversión señaló a Gestión que no contempla un ducto alterno, por lo que han solicitado que se les encargue el proyecto directamente para evaluarlo. TGP no llegó a responder al respecto a este Diario al cierre de edición. Luis Miguel Incháustegui, ex ministro de Energía y Minas (Minem), esperó que ello no sea así, ya que este “plan B” para distribuir el gas desde Camisea a la costa hubiese evitado la emergencia que vivimos hoy. “Entiendo que TGP lo ofreció, pero es parte de la negociación (...) Por un tema de seguridad debería contemplarse la opción de hacer una nueva tubería para evitar otras situaciones críticas como las de ahora”, sostuvo. Desde el punto de vista legal, Jaime Li, Líder del Área de Promoción de Inversiones Público-Privadas de TYTL Abogados, aclaró que la única forma de que TGP se vea obligado a hacer el ducto alterno sería precisamente con una adenda.Según ProInversión, en el primer trimestre del 2027 se adjudicaría una concesión para distribuir gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna por US$ 265.8 millones. Al año siguiente, podría revivir un proyecto que se paralizó en 2017 tras el escándalo del Caso Odebrecht. Se trata del rebautizado SITGAS, antes Gasoducto Sur Peruano, cuya adjudicación está proyectada para el tercer trimestre del 2028, de acuerdo con datos oficiales de ProInversión.
Al respecto, Li apuntó que ve factible la aceleración de este proyecto en particular, ya que no se trata de una APP nueva. “Es una inversión que ya tiene que comenzar. ProInversión debe sacar ya a estos zombies metidos en la cartera porque son proyectos importantes”, manifestó. Sobre las optimizaciones, consideró: “Hay otro camino, que se llama optimizaciones, pero debe estar especificado en el contrato: cambios en etapa constructiva para solucionar problemas técnicos que nacen en el camino. Una red redundante, que es una nueva obligación, no sé si calce en esa figura”.
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