Mientras Roberto Sánchez y Juntos por el Perú ven cómo sus convocatorias se desinflan, el expresidente del Congreso José Balcázar sigue en el ojo de la tormenta por su pretensión de cobrar una pensión vitalicia como exmandatario. La última convocatoria de Sánchez, el miércoles en el Cercado de Lima para marchar por la liberación de Pedro Castillo, reunió tan poca gente que daba pena. Pese a ello, Sánchez amenazó a Keiko Fujimori con más marchas, en un gesto que muchos califican de irrisorio.

Ante el escándalo desatado, Balcázar envió un documento al Congreso ‘aclarando’ que el monto que solicita para su jubilación es el de un parlamentario en funciones, no el de un juez cesante. Sin embargo, esa es precisamente la pensión vitalicia de un expresidente. Balcázar, conocido como un juez ‘canero’ y zamarro, parece haberse enterado tarde de que los expresidentes encargados —no elegidos por voto popular ni que completaron su mandato— no tienen derecho a ese beneficio. Manuel Merino y Francisco Sagasti, por ejemplo, no cobran ese dinero.

Pese a estas pretensiones, Balcázar insiste en liberar de manera ilícita al golpista Pedro Castillo. Le restan menos de dos semanas para dejar Palacio y, si ordena su liberación, se metería en problemas legales que le amargarían sus años de retiro.

En paralelo, los congresistas que impulsaron y votaron las pensiones de cédula viva —que permiten cobrar lo mismo que en actividad— para maestros, policías y militares demostraron gran irresponsabilidad. Sabían que esas normas generarían un gasto de varios miles de millones de soles que el Estado no tiene. Lo más seguro es que el próximo gobierno presente demandas contra esas leyes. Estos ‘padrastros de la patria’ aprobaron las normas jugando con las ilusiones de miles de peruanos que esperan mejorar sus escuálidas pensiones. Claro que maestros, policías, militares y otros servidores públicos jubilados, como enfermeras o médicos, merecen cobrar más, pero no hay plata.

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