Modernización del Estado con estándares OCDE: el reto que enfrentará el próximo gobierno

El próximo gobierno tendrá como desafío principal coordinar cambios técnicos y políticos para asegurar capacidades en las entidades y dar continuidad a las reformas más allá del contexto político y social del país. Este proceso implica implementar prácticas internacionales que obligan a revisar normativas, procesos y sistemas de gestión para reducir la corrupción y acelerar trámites, bajo los estándares de la OCDE.

La modernización del Estado con dichos estándares generará reformas institucionales que mejoren la transparencia, la eficiencia y la calidad del servicio público. La invitación y promoción del Perú para integrarse al organismo es consecuencia de una evaluación positiva de su desempeño estatal a lo largo de los años, más ligada a la gestión que a la política.

Los miembros de la OCDE concentran las mejores prácticas de gestión pública y administración del Estado, lo que le otorga prestigio como espacio de buenas prácticas gubernamentales. La organización se ha consolidado porque todos sus miembros comparten el denominador común de tener prácticas estatales valiosas, lo que representa para el Perú una oportunidad y un estímulo para mejorar su desempeño estatal.

Miguel Rodríguez Mackay, internacionalista y excanciller, precisó que, aunque políticamente al Perú “no le ha ido bien” en la última década, en materia de procesos y crecimiento económico el país ha mostrado una proyección que lo convierten en un “país prometedor” dentro de la OCDE.

La incorporación del Perú a la OCDE no solo implicaría modernizar el Estado, sino que también fortalecería a las instituciones y la lucha contra la corrupción, uno de los principales problemas que aquejan a la nación. Según Rodríguez Mackay, el ingreso al organismo internacional permitirá adoptar progresivamente hábitos y reglas provenientes de otros Estados miembros, lo que transformará la forma de actuar de la administración pública. “Vamos a ver otra vitrina de gestos y de actos en la vida administrativa, en la vida del Estado peruano y por tanto un impacto positivo hasta en la idiosincrasia del actor, del burócrata, el actuar del Estado. Esto es trascendente, ha sido justamente uno de los elementos que incidió en la forma como fueron incorporándose algunos países”, señaló. En cuanto a los desafíos que supone alinearse con las normas y estándares de la OCDE, la adhesión deberá mantenerse como una política estatal permanente, con continuidad, y no como una iniciativa sujeta a cambios de orientación política. Esta postura fue la que buscaron transmitir las autoridades peruanas a la alta autoridad de la OCDE: que el Perú es un país comprometido con el proceso, más allá del ciclo gubernamental. El próximo gobierno deberá tratar este proceso de adhesión como una política de Estado, por encima de la coyuntura política o de la ideología del gobierno de turno. Rodríguez Mackay enfatizó que, además, el nuevo gobierno deberá enfocarse en recuperar el liderazgo del Perú en la política internacional. Para reposicionar al Perú como un actor relevante en el escenario global, el próximo gobierno deberá fortalecer su presencia en organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, la Unión Africana y la Liga Árabe. Esto implica, a su vez, robustecer embajadas, consulados y representaciones permanentes, instancias que deben velar por el interés nacional y servir de plataforma para ejercer liderazgo. “Perú tiene una tradición de liderazgo, y para ejercerla nunca se tomó en cuenta si era o no una potencia. No somos una potencia: somos un país en desarrollo, pero que tiene ganas de ejercer liderazgo, y de hecho lo tuvo. Por eso, es necesario recuperarlo”, puntualizó un especialista. De otro lado, la admisión del Perú a la OCDE tiene un impacto directo sobre la confianza internacional, según Karla Gaviño, profesora en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ella sostiene que los países miembros son catalogados como solventes, que respetan contratos, instituciones y poseen estabilidad económica, jurídica y política. Esto los hace más atractivos para la inversión extranjera de gran envergadura, especialmente en proyectos de infraestructura que requieren altos niveles de inversión y largo tiempo de maduración. El ingreso al organismo, por tanto, genera un efecto directo sobre el cierre de brechas al facilitar el desarrollo de grandes proyectos. Para ser parte de la OCDE, el país debe demostrar avances continuos y sostenibles en infraestructura, educación, salud y prestación de servicios básicos. Se requieren mejoras constantes que permitan alcanzar determinados niveles de desarrollo y mantenerlos en el tiempo, lo que implica una apuesta estatal por garantizar prestaciones básicas para todos los ciudadanos. La modernización del Estado con estándares OCDE exige reformas en transparencia y evaluación institucional, y el próximo gobierno debe asegurar continuidad en este importante hito. “Para poder ser una economía solvente y atractiva a nivel internacional, necesitamos comportarnos como tal y eso se va a evidenciar cuando logremos cumplir las metas para poder formar parte de la OCDE”, apuntó Gaviño. En esa línea, señaló que “tanto a nivel macroeconómico, como a nivel de cada uno de los ciudadanos a nivel social, el poder acercarnos al logro de las metas establecidas para el OCDE implica una apuesta a un trabajo del Estado justamente vinculado a generar bienestar de forma prolongada y continua en el tiempo”. La inclusión en la OCDE también tendría un impacto importante en índices de competitividad que comparan el desarrollo de los países, según se detalla en un enlace. En mediciones recientes, el Perú muestra fortalezas macroeconómicas, pero debilidades en el servicio civil meritocrático, capacitación de recursos humanos, institucionalidad y lucha contra la corrupción.

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