Hasta mayo de este año, las concesiones mineras en el Perú suman 22 millones 673,016 hectáreas, lo que representa el 17.6% del territorio nacional, según el Geoportal de CooperAcción. Esta cifra implica un incremento de 2.6 millones de hectáreas respecto al año pasado, luego de un periodo en que las concesiones se habían mantenido relativamente estables.
Pese al aumento, el investigador de CooperAcción, José de Echave, advirtió que los números aún no alcanzan el pico registrado en 2013, cuando las concesiones superaron los 26 millones de hectáreas. Además, de las 22.67 millones de hectáreas concesionadas, solo 2.3 millones están activas, es decir, en producción o exploración avanzada.
Apurímac encabeza la lista de regiones más concesionadas, con el 76.5% de su superficie; le siguen La Libertad (63.1%), Áncash (55.1%), Lima (48.8%), Moquegua (48%) y Arequipa (46.8%).
En este contexto, el actual ciclo de precios altos de minerales como el cobre, oro y plata ha despertado el apetito de las empresas por explorar más el suelo nacional, recordó De Echave. Según el Observatorio de Conflictos Mineros, al primer semestre la cartera de proyectos mineros activos es de 67, con un valor total de US$ 64,000 millones, concentrados mayoritariamente en el sur del país.
En lo que va de 2026, la inversión anual del subsector minero asciende a US$ 1,500 millones, un 43.7% más que en el mismo periodo de 2025. De ese total, la macrorregión sur concentra el 64% (US$ 959,145), impulsada principalmente por proyectos cupríferos; mientras que el centro y el norte reparten el 18% restante, con US$ 266,093 y US$ 275,085, respectivamente.
Sin embargo, desde el observatorio alertaron que la cartera de inversión minera ya no incluye megaproyectos como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde o Quellaveco, sino únicamente “proyectos de menor envergadura”.
¿Qué debe priorizar el nuevo gobierno?
De las 22 millones de hectáreas concesionadas para minería en el país, apenas 2.3 millones —que abarcan exploración, explotación, plantas de beneficio y cierre— tienen un uso efectivo, según advirtió el especialista De Echave. “Si el Ministerio nos dice que para todas esas actividades se utilizan 2.3 millones de hectáreas, la gran pregunta es qué ocurre con el resto del territorio concesionado”, declaró a Gestión. Este desbalance, dijo, debería ser atendido por el eventual gobierno de Keiko Fujimori, que ha mostrado su respaldo al destrabe de proyectos mineros, para evitar el acaparamiento y la especulación territorial.
En regiones como los departamentos amazónicos y Tumbes, donde las concesiones mineras representan entre el 6% y el 0.5% del territorio, la presencia de proyectos de exploración de empresas medianas, pequeñas e informales busca obtener la titularidad de nuevas concesiones. Ana Leyva, abogada especialista de CooperAcción, señaló que el Perú atraviesa una fase decisiva: en diciembre vence el plazo para el Reinfo, lo que convierte al segundo semestre del 2026 en una “etapa clave” para definir la política de Fujimori Higuchi contra la minería informal. “Es importante la gobernanza. Se debe incluir a las comunidades indígenas en la lucha contra la minería ilegal. No se los considera pese a que son afectados”, añadió.
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