Un nuevo capítulo judicial se abrió en torno a la muerte de José Huanchi Quispe, de 24 años, ocurrida dentro de la comisaría de Santa Bárbara, en Juliaca (Puno). Un juzgado ordenó nueve meses de prisión preventiva para dos de los cuatro efectivos investigados por el presunto delito de tortura agravada, mientras la Fiscalía continúa las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del joven tras su detención.
La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno, que pidió prisión preventiva para los cuatro policías que participaron en la intervención. Sin embargo, el Poder Judicial solo acogió el pedido respecto de dos de ellos: los suboficiales Wimer Choquehuanca y Stewart Flores Larico, quienes permanecerán recluidos mientras avanzan las investigaciones. Según el Ministerio Público, la decisión busca garantizar su presencia en el proceso y evitar riesgos para el desarrollo de las diligencias.
Los otros dos efectivos comprendidos en la investigación son Brayan Cáceres y Alex Cruz, quienes también integraban la comisaría de Santa Bárbara y participaron en el operativo que terminó con la detención de José Huanchi.
DOS VERSIONES ENFRENTADAS SOBRE LA MUERTE
La investigación fiscal se remonta al 9 de julio, cuando José Huanchi fue intervenido luego de que, presuntamente, ingresara en estado etílico a una vivienda ubicada en el jirón San Juan de Dios, en Juliaca. Tras la intervención, fue conducido a la comisaría de Santa Bárbara, donde perdió la vida.
La versión policial difiere de la hipótesis fiscal: los agentes sostienen que José Huanchi se autolesionó dentro de la comisaría al golpearse la cabeza contra una ventana hasta convulsionar. Esa explicación deberá ser contrastada con las pericias y demás actuaciones del Ministerio Público. Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción que maneja la Fiscalía, el joven habría recibido múltiples golpes en el rostro, la cabeza y el estómago durante su captura. Los exámenes médicos y las diligencias preliminares apuntan a lesiones concentradas en esas partes del cuerpo. La Fiscalía mantiene abierta una investigación por el presunto delito de tortura agravada con consecuencia de muerte y continúa recabando elementos de prueba para determinar si durante la intervención policial se respetaron los protocolos sobre el uso de la fuerza. Como parte de las diligencias, se dispuso la recopilación de informes médicos y forenses, la toma de declaraciones al personal policial que estuvo de servicio aquella noche y la obtención de imágenes de cámaras de seguridad cercanas al lugar de la intervención y a la comisaría de Santa Bárbara. Los familiares del joven rechazan la versión policial y sostienen que la violencia empleada durante la intervención fue la causa de su muerte. Afirmaron que José Huanchi no presentaba lesiones antes de ser detenido y anunciaron que seguirán de cerca el proceso judicial para evitar que el caso quede impune.
El caso ha generado preocupación en la región Puno y se suma a otro reciente episodio denunciado en la zona, donde un abogado aseguró haber sido agredido dentro de una dependencia policial cuando acudió a presentar una denuncia. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades por la muerte de José Huanchi Quispe. Todo ocurre en medio del debate generado tras la aprobación de una norma que dispone que policías y militares involucrados en presuntos delitos cometidos durante sus funciones sean procesados por tribunales del fuero policial y militar.
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