La cartera de proyectos mineros activos en Perú trepó a 67, con una valorización total de US$ 64,000 millones, en un escenario donde el 30.5% de los conflictos sociales se concentran en la macrorregión sur, el 27.4% en el centro y el 37.4% en el norte, según el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). A la fecha, son 22.6 millones de hectáreas concesionadas a nivel nacional —equivalente al 17.6% del territorio peruano—, pero solo 2.3 millones están activas. El avance de la informalidad y la disposición para ejecutar proyectos pese al rechazo de comunidades campesinas y agrícolas podría agudizar los casos.

David Velazco, director de Fedepaz, advierte que Tía María (Southern Perú, Arequipa) y Río Blanco (Zijin, Piura) pueden convertirse en un “conflicto presente” luego de que el Gobierno permitiera que el proyecto sureño empiece a ejecutarse y el norteño “pretenda ejercer la misma presión”, a pesar del rechazo de los agricultores de Tambo Grande. Agregó que el proyecto El Algarrobo (Buenaventura, Piura) también “se está imponiendo a pesar del rechazo de la población” en consultas públicas y marchas.

En Piura, el 23.8% del territorio está concesionado a la minería, mientras que en Arequipa la tasa asciende al 46.8%. De las 22 millones de hectáreas concesionadas, Apurímac tiene la mayor parte (76.5%), seguida por La Libertad (63.1%) y Áncash (55.1%). En regiones amazónicas, pese a su reducida participación en la inversión minera, el OCM registra 6 conflictos sociales por mes en Amazonas: 2 de ellos vinculados a minería ilegal, que amenazan a comunidades nativas en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Marañón.

Mapa de las concesiones mineras: más de 22 millones de hectáreas a nivel nacional, pero solo 2.3 millones están activas. La conflictividad social, la minería ilegal y la necesidad de fortalecer la gobernanza serán determinantes para ejecutar nuevos proyectos sin repetir crisis territoriales. Foto: CooperAcción El sur del país concentra la mayor parte de la inversión minera proyectada y también varios de los conflictos sociales que podrían poner a prueba la estrategia de destrabe de proyectos. Foto: GEC En Ucayali y Loreto, el patrón es similar: “los ilegales estarían optando por devenir en titulares de las concesiones para tener un cierto respaldo legal”, advierte el informe. En Cajamarca, donde el terreno concesionado alcanza el 25.9%, y en La Libertad, la violencia vinculada a la minería informal persiste por la “debilidad institucional” y “estados de emergencia que no funcionan”, una situación que se replica en 21 regiones. El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) detalla que el 50.8% del total de conflictos sociales responde a criterios socioambientales —de los cuales el 66% pertenece al subsector minero—, mientras que poco más del 30% se relaciona con disputas con el gobierno nacional, local o regional. Para la OCM, estos criterios, sumados al “tenue respaldo electoral de Keiko Fujimori en la región sur”, representan “un factor de alto riesgo” porque los proyectos “llegan a zonas que pueden generar un clima de rechazo y tensión social”. José de Echave, investigador de CooperAcción, señala que el alza de concesiones mineras y de las inversiones se alinea con el discurso “pro destrabe” de Keiko Fujimori para su quinquenio, lo que implicaría reducir regulaciones y trámites, aunque advierte que “se relajarían los controles ambientales y sociales”. De Echave sostiene que la nueva presidenta deberá abrir una discusión de largo plazo sobre el modelo de gobernanza minera, pues los conflictos se agudizan. De las 22 millones de hectáreas concesionadas, solo 2 millones están en actividad y apenas el 1% de los titulares maneja más del 50%. A esta ecuación se suman “las tensiones por la coexistencia de proyectos de ampliación y el crecimiento de la minería informal”. “La minería seguirá siendo una actividad fundamental para el país, pero necesitamos discutir cómo queremos gestionarla durante los próximos 25 o 30 años”, señaló, y agregó que “se requiere una mesa de diálogo con participación de las empresas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil”. Para Ana Leyva, abogada especialista de CooperAcción, el Perú atraviesa una etapa decisiva: en diciembre vence el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que convierte este semestre en un momento clave para definir la política frente a la minería informal. Ese tema, sostiene, debería ser prioridad en la agenda de la presidenta electa Keiko Fujimori. El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) advierte que “la presión” por acelerar la ejecución de proyectos mineros, sin atender las advertencias socioambientales, puede llevarnos otra vez a “repetir crisis ya vividas” por la falta de diálogo.

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