La administración de Donald Trump confirmó la aplicación de un arancel adicional del 25% a miles de productos brasileños a partir del 22 de julio, aunque dejó fuera exportaciones consideradas estratégicas. La medida, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), se sustenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite investigar prácticas desleales y aplicar represalias. Washington argumentó que las políticas de Brasil “entorpecen o restringen” el comercio bilateral, y advirtió que el arancel podría elevarse hasta el 37,5% si no se resuelven los diferendos.
Entre los puntos de fricción señalados por EE. UU. figuran el sistema de pagos PIX, el acceso del etanol estadounidense al mercado brasileño, la regulación de plataformas digitales, la lucha contra la piratería y las normativas ambientales vinculadas a la deforestación ilegal. La investigación que derivó en esta sanción se inició hace un año y, según la USTR, las negociaciones durante ese periodo no lograron revertir las políticas que Washington considera perjudiciales para sus empresas y exportadores.
Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, funcionarios calificaron los principales puntos de conflicto —PIX, etanol y una propuesta de moratoria sobre plataformas digitales— como asuntos internos y “no negociables”. Brasil mantiene abiertas las negociaciones con Washington, pero analiza posibles represalias comerciales bajo la Ley de Reciprocidad Económica si el nuevo arancel entra en vigor sin modificaciones. Además, el país sudamericano afirmó que la decisión estadounidense tiene un componente político, algo que la Casa Blanca rechaza de plano.
Washington justifica la medida con la Sección 301
La administración Trump aseguró que el objetivo no es eliminar el sistema de pagos brasileño, sino modificar condiciones que considera desventajosas para compañías estadounidenses del sector financiero. La investigación comercial, que concluyó en junio, analizó si las políticas brasileñas generan barreras para las empresas de EE. UU. y cuestionó el funcionamiento de PIX, el acceso al mercado del etanol, acuerdos preferenciales con países como México e India, además de aspectos de propiedad intelectual y combate a la corrupción. No obstante, expertos citados en el proceso señalaron que no existen razones consistentes que permitan cuestionar técnicamente el funcionamiento de PIX.
Los productos afectados y exentos del impuesto
El nuevo arancel del 25% alcanzará a maquinaria industrial, neumáticos, azúcar, etanol, tabaco, madera, calzado, papel, transformadores eléctricos, excavadoras y otros artículos industriales. En contraste, quedarán exentos petróleo crudo, granos de café, aeronaves, carne de res congelada, celulosa blanqueada, jugo de naranja, ferroniobio, mineral de hierro y piezas de turbina, por su relevancia para las cadenas de suministro en EE. UU. La decisión responde a consideraciones económicas y estratégicas. Algunos artículos de acero y aluminio quedaron fuera de esta medida porque ya están sujetos a aranceles del 50% bajo la Sección 232, relacionada con seguridad nacional.
La USTR mantiene abierta otra investigación sobre productos fabricados con trabajo forzoso. Si prospera, podría añadirse un recargo adicional del 12,5%, lo que elevaría el arancel total hasta 37,5% sobre parte de las exportaciones brasileñas. Mientras tanto, Brasil analiza responder y mantener negociaciones. El Itamaraty respondió que las acusaciones no demuestran que las políticas brasileñas perjudiquen a empresas de Estados Unidos. El gobierno defendió que PIX es una infraestructura pública abierta a compañías nacionales y extranjeras, incluidas firmas estadounidenses que operan en el país. Además de la defensa diplomática, Brasil coordinó acciones con sectores empresariales de ambas naciones. Entidades como la Confederación Nacional de la Industria, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo y representantes del agro participaron en audiencias públicas en las que pidieron que se prioricen las negociaciones y no nuevas barreras comerciales. El senador Flávio Bolsonaro también intervino en las audiencias y pidió a Washington postergar la medida con el fin de abrir más conversaciones. Según el gobierno brasileño, las negociaciones continuarán incluso después de la entrada en vigor del arancel, mientras se evalúan eventuales respuestas bajo la Ley de Reciprocidad Económica.
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