La noche del miércoles 15 de julio, Jackson Mora fue internado en el establecimiento penitenciario Ancón I, donde cumplirá 15 meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial. El empresario llegó esposado y bajo custodia policial, trasladado en un bus del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) junto a otros detenidos que también serían recluidos en ese centro. Durante el ingreso, portaba una maleta y otras pertenencias personales con las que permanecerá mientras dure la medida coercitiva. La medida fue impuesta en el marco de una investigación que lo señala como presunto integrante de una organización criminal dedicada al fraude informático. De acuerdo con la Policía, la red delictiva, denominada Los Arquitectos del Fraude, habría ejecutado maniobras para vulnerar sistemas informáticos y desviar recursos del Estado. Según la investigación fiscal, el grupo habría sustraído de manera ilícita cerca de S/10 millones pertenecientes a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, mediante accesos no autorizados a las cuentas de la comuna. La defensa del investigado cuestionó la decisión judicial y anunció que presentará una apelación para intentar revertir la prisión preventiva. Mientras ese recurso es evaluado, Mora continuará recluido en el módulo que le fue asignado dentro del penal Ancón I. Christian rompe su silencio sobre el chat que mostró Janet Barboza de Ethel Pozo en su contra y elige un bando: ¿Qué dijo? Las autoridades sostienen que los miembros de la presunta organización criminal tenían funciones específicas para ejecutar las operaciones informáticas y facilitar el movimiento del dinero obtenido ilegalmente, mientras se continúan las diligencias para determinar el grado de participación de cada investigado. En paralelo, peritos especializados en delitos de alta tecnología analizan los movimientos financieros y las conexiones digitales empleadas en el presunto fraude. La Fiscalía también prevé realizar nuevos peritajes contables y recoger más testimonios como parte de las pesquisas para esclarecer el destino final de los fondos públicos.

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