Faltando menos de dos semanas para el cambio de mando presidencial, el Gobierno oficializó la declaratoria de estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de la provincia de Pisco, en Ica, con el fin de reforzar la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. La medida fue formalizada a través del Decreto Supremo Nº 105-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Las jurisdicciones comprendidas son Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno en dichos distritos y ejecutará operaciones con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las intervenciones se realizarán sobre la base de información de inteligencia, mapas del delito y estadísticas.
Como parte de la emergencia, quedará suspendido el ejercicio de diversos derechos constitucionales para facilitar el accionar de las fuerzas del orden. Específicamente, los ciudadanos de las zonas declaradas en emergencia verán restringidos su derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de tránsito por todo el territorio nacional. Asimismo, la norma establece la suspensión del derecho a la libertad de reunión, además de los derechos relativos a la libertad y la seguridad personales.
En cuanto al desarrollo de eventos sociales y públicos, el decreto supremo precisa que para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, será obligatorio solicitar un permiso previo ante las autoridades competentes para su respectiva evaluación.
El dispositivo legal que declara el estado de emergencia en Pisco lleva la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar, y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. Además, es refrendado por los titulares de las carteras de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones. Para asegurar la efectividad de la medida, el Gobierno dispuso la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) dentro de las primeras 24 horas de vigencia de la norma. Este grupo de mando, presidido por el jefe de la Región Policial Ica, liderará las acciones integradas para reducir los índices delictivos. El CCO contará además con el respaldo de diversos comités enfocados en inteligencia, fiscalización distrital y comunicación estratégica. No obstante, las actividades o reuniones que no tengan un carácter masivo podrán llevarse a cabo con total normalidad, sin la necesidad de tramitar una autorización previa.
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