En un nuevo paso hacia el desarrollo de la industria petroquímica en el Perú, Gestión fue informado oficialmente de que se han logrado avances en la consecución de acuerdos con el Consorcio Camisea. Este sector, que busca dar valor agregado a las reservas gasíferas del país, ha sido una promesa recurrente en los discursos de los últimos gobiernos desde que Alejandro Toledo impulsó la explotación del gas de Camisea en 2004.
Para facilitar esta actividad, a lo largo de las últimas dos décadas se aprobaron diversas normas, como la Ley 29163 de promoción para el desarrollo de la petroquímica y la Ley 29690, que fomenta la industria basada en el etano (un componente del gas natural) y el nodo energético del sur, que ya cuenta con dos generadoras eléctricas construidas en Ilo y Mollendo.
Atraídas por esos marcos legales y las promesas oficiales, varias empresas intentaron instalar plantas en el sur del país. Entre ellas figuran CF Industries en San Juan de Marcona (Ica), Nitratos del Perú en Paracas (Ica), y Braskem y Petrobras en Ilo (Moquegua). Con la expectativa de que el Estado otorgara facilidades para crear polos industriales, estas compañías proyectaban inversiones que iban desde los US$ 2,000 millones hasta los US$ 14,000 millones, para instalar desde una sola planta hasta complejos petroquímicos completos.
Se esperaba que, con la producción de urea, el Perú dejara de depender de las importaciones de fertilizantes, y que con productos más complejos como explosivos y polietileno se pudieran generar hasta 30 mil puestos de trabajo. Sin embargo, esos sueños se truncaron cuando Estados Unidos comenzó a producir shale gas, lo que generó una sobreoferta global de gas natural y desplomó sus precios. Como consecuencia, desarrollar la petroquímica en el Perú se volvió hasta 20% más caro que en EE.UU., lo que desalentó las inversiones.
Tras el ofrecimiento de la presidenta Dina Boluarte de respaldar la petroquímica, a inicios de 2024 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó los términos de referencia de estudios de impacto ambiental, tanto detallados como semidetallados, aplicables a esa industria, con el objetivo de facilitar su obtención a los inversionistas interesados. En ese momento, marzo del año pasado, el Minem también indicó que trabajaba para atraer nuevamente la llegada de inversión privada a la petroquímica, mientras Pluspetrol —operador del consorcio Camisea— y Perupetro negociaban el precio de las regalías que se aplicarían al gas destinado a esa actividad.
Ahora, más de un año después de ese anuncio, Gestión fue informado por Perupetro de que dichas negociaciones finalmente concluyeron con un acuerdo entre las partes: la agencia estatal y el Consorcio Camisea, que a través de Pluspetrol extrae y procesa el gas de los lotes 88 y 56. El acuerdo, detalló la entidad, consiste en que han definido el porcentaje de regalías que se aplicará al volumen de gas natural destinado a la petroquímica, lo cual deberá plasmarse mediante una modificación, vía adenda, al contrato con el consorcio. El porcentaje exacto de la regalía se conocerá cuando se suscriba la respectiva modificación contractual.
Consultada por los volúmenes de gas natural que se destinarán para asegurar el desarrollo de la petroquímica, Perupetro respondió que serán variables y que no hay uno fijo. Lo que resta ahora, mencionó la agencia a Gestión, es que Perupetro y el consorcio realicen nuevas reuniones para redactar el texto final del acuerdo entre las partes. Una vez concluido ese texto, será elevado para aprobación del directorio de Perupetro y luego enviado al Ministerio de Energía y Minas para su aprobación.
Gestión también consultó al Minem cuáles serían los siguientes pasos para concretar la atracción de inversión privada para la petroquímica en el sur, o cómo se transportará el gas para esa industria hasta esa zona.
Expertos consultados por Gestión advierten que, más allá del acuerdo alcanzado entre Perupetro y el consorcio Camisea –aún pendiente de oficializarse mediante una adenda al contrato–, queda un largo trecho para que la industria petroquímica se instale en el país. Incluso, algunos consideran que ya es demasiado tarde para que el proyecto se concrete.
Erick García Portugal, exdirector de hidrocarburos del Minem, señaló que no basta con ponerse de acuerdo en torno a las regalías. Se requiere, además, ofrecer precios asequibles tanto de la molécula de gas como de su transporte y distribución. En el caso del precio de la molécula, los inversionistas buscaban que fuera el mismo que se aplica a las empresas generadoras eléctricas en el Perú, es decir, de US$1.00 por millón de BTU (unidad Térmica Británica) en boca de pozo, un valor más bajo que los precios de mercado de ese combustible.
García Portugal sostuvo que, si el Estado no se involucra en negociar también precios más asequibles del gas –incluyendo su molécula, transporte en ductos o distribución–, no ve cómo los productores, transportistas o distribuidores vayan a bajar sus precios por motu proprio, asumiendo las pérdidas que ello les acarrearía solo para beneficiar a la petroquímica. Por ello, concluyó que quien debería liderar los esfuerzos para hacer viable dicha industria, atraer inversionistas y encabezar las negociaciones con los actores de la cadena del gas, más allá de Perupetro, debería ser el propio Minem.
Por su parte, el sector consultado respondió que todavía está a la espera de recibir el pronunciamiento oficial de parte de Perupetro, y que antes de ello no se iba a pronunciar del tema.
Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos de Gas Energy Latinoamérica (GELA), pidió tener en cuenta que la petroquímica necesita un horizonte de suministro de gas no menor a los 25 años. El problema, advirtió, es que el contrato con el consorcio Camisea concluye en el 2040.
Para el especialista, más allá de Perupetro, el propio Estado tendría que garantizar el abastecimiento de ese combustible en el volumen que demanden futuras plantas de urea o explosivos. A esto se suma que tampoco se ha definido con exactitud las zonas del país donde se podrá instalar plantas para esa industria, ni se tiene certeza de qué empresas privadas tienen interés en construirlas y operarlas.
También falta definir cómo se transportará el gas a esas zonas, cuando aún no se sabe qué proyecto de gasoducto se construirá: si el SIT Gas por la sierra o la propuesta de TGP para un ducto a la costa sur. Ríos observó que estas indefiniciones se repiten cada año, y como no hay más reservas de gas garantizadas, el consolidar la petroquímica en el Perú se ha hecho tan difícil que cree que el tiempo de concretar esa industria en el país ya ha pasado.
El mercado de esa industria ya cambió
César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, coincide en que esa industria ya no es viable en el Perú. Señala que hoy el mercado exige desarrollar petroquímica derivada del hidrógeno verde, integrada con amoniaco verde, y fertilizantes derivados del metano. Sin embargo, incluso las dos primeras opciones tienen el problema de su alto costo, a lo que se suma un menor impulso por lo verde debido al conflicto Ucrania-Rusia y a la política del presidente estadounidense Donald Trump.
En cuanto a la petroquímica de fertilizantes derivados del gas natural, para ser competitiva se requiere economía de escala. Eso implica un tamaño de planta donde el 70% de su producción sea exportable, pero tampoco tenemos gasoductos hacia la costa sur o plantas en esa zona, anotó Gutiérrez.
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