El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió imponer derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de alambrón de acero originario de la República Popular China, por un periodo de cinco años. La medida se da luego de un proceso iniciado por una solicitud de Corporación Aceros Arequipa (CAASA), que denunció una posible afectación al mercado local por presuntas prácticas de dumping.
Frente a esta decisión, los importadores peruanos de alambrón chino y las empresas chinas que exportan al Perú se opusieron a la aplicación de una sobretasa. Incluso, días antes de conocerse la resolución final, la empresa Productos de Acero Cassado (Prodac) solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros la apertura de una investigación contra el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Alberto Villanueva Eslava.
El pedido de Prodac pone en el centro del debate la conducta de la máxima autoridad del Indecopi. Se cuestiona si las reuniones sostenidas con abogados y representantes vinculados a una de las partes, así como la organización de actividades con su participación, se ajustan a los estándares de neutralidad y transparencia exigidos en la función pública. O si, por el contrario, configuran una situación que, al menos en apariencia, podría comprometer la imparcialidad de la entidad en un procedimiento aún en trámite.
En la resolución, Indecopi desestimó los cuestionamientos formulados por Productos de Acero Cassado, Tream Perú, Metalúrgicas Rametal, Productos Paraíso del Perú, Angang Steel Co. y China Iron & Steel Association contra la Resolución N° 003-2025/CDB-INDECOPI, publicada el 23 de enero de 2025, que dispuso el inicio del procedimiento de investigación, así como respecto de diversas actuaciones realizadas en el marco del procedimiento administrativo.
Prodac fundamenta su pedido en el derecho de petición administrativa y solicita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que disponga acciones concretas para esclarecer los hechos. Entre ellas, pide que se requiera al titular del Indecopi información detallada y verificable sobre las reuniones cuestionadas: su contenido, finalidad, participantes, duración y los medios de coordinación utilizados. El documento también insiste en la necesidad de contar con soporte documentario completo que permita reconstruir las condiciones de esos encuentros. Esto abarca desde eventuales grabaciones, presentaciones o ayudas memoria, hasta la identificación de todos los asistentes y el sustento institucional que habría justificado cada reunión, especialmente tratándose de un proceso administrativo en curso. Con base en la información recabada, Prodac solicita que se evalúe si la actuación del funcionario se ajustó a sus deberes legales o si pudo haber comprometido la neutralidad y transparencia del cargo. De determinarse una falta grave, plantea que se active el mecanismo legal para su remoción del cargo, lo que implicaría su salida del Indecopi, sin perjuicio de que el propio funcionario pueda optar por presentar su renuncia en el marco del proceso.
Consultado por Gestión sobre las reuniones sostenidas en el marco del procedimiento antidumping, el Indecopi reafirmó su postura previa. Reiteró que la reunión con la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), realizada el 16 de septiembre de 2025, fue solicitada por dicho gremio, se desarrolló de manera virtual y se enmarcó en las funciones de representación institucional de la presidencia ejecutiva. Así, la entidad descarta cualquier tipo de injerencia en el proceso.
La entidad aclaró que la presidencia ejecutiva se reúne con diversos actores del mercado sin que ello implique injerencia en los procedimientos en curso, y aseguró que existe un respeto irrestricto por la autonomía de los órganos resolutivos, los cuales adoptan sus decisiones de manera independiente. Precisó que en el encuentro no participaron integrantes de la Comisión de Dumping ni su Secretaría Técnica, y que fue registrado en la Plataforma de Registro de Visitas en Línea de la PCM.
Sobre el desarrollo del procedimiento, la Secretaría Técnica ha sostenido reuniones con todas las partes involucradas —incluyendo a la empresa solicitante, importadores y representantes internacionales— como parte de una práctica ordinaria orientada a recabar información y absolver consultas, conforme a la normativa vigente.
Por su parte, la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) señaló a Gestión que mantiene su posición previa respecto a la reunión cuestionada. La organización explicó que el encuentro se enmarcó en una visita institucional realizada en Perú, que incluyó reuniones con autoridades, gremios, asociaciones y medios de comunicación, como parte de una agenda más amplia vinculada a la situación del sector siderúrgico a nivel regional y global.
Según detalló, la reunión con el Indecopi no pudo concretarse de manera presencial durante dicha visita, por lo que se llevó a cabo posteriormente de forma virtual con el presidente ejecutivo de la entidad. Alacero subrayó que la conversación se mantuvo en un plano general, centrada en los desafíos estructurales de la industria del acero en América Latina, sin abordar casos específicos en trámite, incluyendo investigaciones antidumping.
La Asociación, por su parte, afirmó que actúa conforme a su Código de Conducta y respeta las normas de libre competencia en todas las jurisdicciones donde opera. En paralelo, desde Prodac, el abogado Pierino Stucchi insistió en que el pedido de investigación busca garantizar una “absoluta imparcialidad institucional” en el análisis del caso. Stucchi cuestionó la imposición de derechos antidumping al sostener que no existiría evidencia ni de dumping ni de daño que justifique tales medidas. Además, advirtió que aplicar estos derechos encarecería una materia prima clave para la industria metalmecánica peruana, lo que afectaría la competitividad del sector. El representante legal también planteó que el presidente del Indecopi debería someterse a investigación, en particular por las reuniones sostenidas con un gremio del cual forma parte la empresa solicitante, mientras el procedimiento ya estaba en trámite.
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