La megareforma económica aprobada por el Senado de Chile reduce gradualmente el impuesto a las grandes empresas del 27% al 23% La megareforma económica impulsada por el presidente chileno José Antonio Kast superó este jueves uno de sus principales obstáculos legislativos. Tras una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada, el Senado de Chile aprobó el proyecto por estrechos márgenes en sus artículos más relevantes. El paquete contempla una rebaja de impuestos a las grandes empresas, beneficios para inversiones de largo plazo y otras modificaciones tributarias que ahora deberán ser revisadas por la Cámara de Diputados, donde la derecha cuenta con mayoría. El Gobierno de Kast defiende la rebaja del impuesto a las grandes empresas como una herramienta para atraer inversión y reactivar la economía. Sin embargo, la oposición chilena sostiene que las medidas reducirán la recaudación fiscal, favorecerán a los sectores de mayores ingresos y afectarán la capacidad del Estado para financiar políticas públicas. Entre los críticos también alertan sobre posibles impactos ambientales. Uno de los ejes centrales de la reforma es la disminución gradual del impuesto de primera categoría para las grandes empresas. La tasa bajará del 27% al 25,5% en 2027, al 24% en 2028 y llegará al 23% desde el año comercial 2029. Esta disposición recibió 26 votos a favor y 24 en contra, reflejo de la fuerte división política que provocó. El paquete legislativo forma parte del plan de reactivación económica del Gobierno y busca incentivar el crecimiento mediante cambios en la reforma tributaria. Ahora el proyecto deberá ser revisado por la Cámara de Diputados, donde la derecha tiene mayoría, antes de su eventual promulgación. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la propuesta al término de la votación. “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, afirmó. La iniciativa, que el oficialismo sostiene permitirá recuperar competitividad, atraer capitales y estimular el empleo, también establece un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones: los proyectos de entre 50 y menos de 100 millones de dólares tendrán estabilidad por 10 años; aquellos desde 100 y por debajo de 350 millones contarán con 15 años; y las superiores a 350 millones dispondrán de un período de 20 años con reglas tributarias estables. La tramitación estuvo marcada por múltiples reservas de constitucionalidad. Legisladores opositores cuestionaron varios artículos, especialmente los relacionados con la compensación a empresas cuyos permisos ambientales sean revocados y el propio régimen de invariabilidad tributaria. La senadora Yasna Provoste expresó reparos durante la discusión y posteriormente criticó la aprobación de medidas como la repatriación de capitales. “No hay justificación alguna para premiar a quienes ocultaron recursos fuera del país”, sostuvo. Según la parlamentaria, la norma constituye una “amnistía tributaria” enfocada en contribuyentes que no cumplieron sus obligaciones. Las críticas se concentraron en el impacto que la reforma tendría sobre los ingresos fiscales y el financiamiento de servicios públicos. Durante el debate, la senadora Beatriz Sánchez recordó que “cada punto que se rebaja son 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado”. La oposición confirmó que presentará requerimientos ante el Tribunal Constitucional, mientras la iniciativa continúa su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

El senador Daniel Núñez calificó la reintegración tributaria como "la más obscena" de la megareforma económica, al considerar que beneficia principalmente a los propietarios de empresas. En la misma línea, la senadora Claudia Pascual aseguró que "es un día negro para las arcas fiscales, es un proyecto que rebaja la recaudación fiscal sin compensaciones estructurales".

Fuera del Congreso, el expresidente Gabriel Boric compartió en sus redes sociales un mensaje del alcalde Tomás Vodanovic, quien criticó que el Gobierno priorice alivios tributarios a quienes poseen mayores recursos en lugar de fortalecer políticas sociales. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el plan podría impulsar el crecimiento económico, aunque advirtió que también ejercería presión sobre las cuentas fiscales, coincidiendo con las preocupaciones de la oposición sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Las encuestas muestran un escenario dividido. Según Cadem, el 56% de la población rechaza la reducción de impuestos contemplada en la iniciativa. Pese a defender la reforma como una herramienta para atraer inversión y fortalecer la actividad económica, el Gobierno redujo su proyección de crecimiento hacia 2030 del 4% al 3,5%.

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