La eliminación de las denominadas leyes procrimen podría extenderse por más de un año, según el nuevo reglamento del Congreso bicameral. Si se sigue el procedimiento ordinario para una ley ordinaria, la aprobación tomaría entre 9 y 12 meses. No obstante, los plazos pueden variar según la voluntad política y el debate entre los partidos.

“Es posible que algunas leyes se deroguen con mayor rapidez, pero se trata de un paquete de normas. Considerando la composición del Congreso, ese proceso podría extenderse por más de un año”, explicó la senadora electa por Ahora Nación, Mirtha Vásquez. La legisladora señaló que si hay oposición o si la comisión respectiva abre el debate, convoca a expertos o solicita informes técnicos, se requerirían varias sesiones, lo que prolongaría la discusión.

Si el Ejecutivo o la Junta de Portavoces dispone que se tramite con carácter de urgencia, el plazo se reduce a un promedio de dos meses. Sin embargo, incluso en ese escenario, el tiempo podría extenderse o acortarse según la disposición política de las bancadas.

Vásquez agregó que el tiempo también dependerá de la norma específica que se busque derogar, pues las leyes procrimen son varias. “Hay leyes que se podrían derogar inmediatamente porque todos tenemos claro que son normas que están claramente favoreciendo el crimen, pero se trata de todo un paquete y algunas de ellas tienen un fuerte respaldo, así que unas podrían tardar más”, mencionó.

Derogar leyes pro crimen demoraría hasta un año La senadora electa Ruth Luque explicó que, para derogar las leyes procrimen, un diputado deberá presentar una iniciativa o solicitar el desarchivo de un proyecto similar del Congreso anterior. “Si bien el reglamento del Congreso (bicameral) no habla sobre desarchivamiento, es usual que iniciado un nuevo Parlamento se presente un pedido sobre eso a la Junta de Portavoces. Si este grupo lo aprueba pasaría a la Comisión respectiva”, señaló. Luque añadió que podría presentarse un solo proyecto de ley que busque la derogación de todas las normas o una propuesta individual por cada una. En el Congreso bicameral, la ruta legislativa comenzaría en la Cámara de Diputados, donde se designaría un máximo de dos comisiones. Por el tema, se remitiría definitivamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y, en caso se disponga, también a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. Según el nuevo reglamento, la comisión tiene un plazo máximo de 60 días hábiles para emitir un dictamen. Una vez aprobado, debe publicarse en el portal por siete días calendario. Luego, debe ir a la Junta de Portavoces para ingresar a la agenda del Pleno, lo cual tardaría siete días más. Si el Pleno de Diputados lo aprueba, la Mesa Directiva tiene hasta 15 días hábiles para enviar el expediente al Senado. En el Senado, la comisión revisora tiene un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir su propio dictamen, ya sea aprobándolo, modificándolo o rechazándolo. Al igual que en la otra cámara, el dictamen debe publicarse por siete días calendario. Si el Senado lo aprueba sin cambios, se envía la autógrafa al Ejecutivo en un plazo de 15 días hábiles.

En diálogo con este medio, Ruth Luque señaló que “si hay voluntad política e interés, el proceso podría durar solo dos meses o hasta una legislatura”. La congresista consideró que el trámite no se extendería por más de un año. “Si las bancadas que han expresado en campaña que su prioridad es la derogación de las leyes pro crimen, cumplen con ello, pues podríamos tener un proceso rápido. Va a depender mucho del interés. Por ejemplo, yo he visto en este tiempo que hay proyectos que se han aprobado sin dictamen”, afirmó. Además, mencionó que también influirá quién presida la comisión y la Mesa Directiva.

Bajo un procedimiento regular en ambas cámaras, considerando los plazos máximos en cada instancia y excluyendo factores que podrían alargarlo, el proceso suma 190 días hábiles, equivalentes a unos nueve meses calendario. Este cálculo no contempla el tiempo que el proyecto pueda esperar en la agenda del Pleno para su debate o si pasa a un cuarto intermedio. No obstante, si el Ejecutivo solicita el trámite con carácter de urgencia o la Junta de Portavoces así lo acuerda, el plazo podría reducirse a solo dos meses en promedio.

En la Cámara de Diputados, la publicación del dictamen se acorta a un día calendario y, tras su aprobación, el expediente debe enviarse al Senado en un máximo de cinco días hábiles. Una vez en el Senado, las comisiones tienen un plazo máximo de siete días hábiles para emitir su dictamen, y su publicación es de un día calendario. De esta manera, la derogación de las leyes pro crimen podría concretarse en un lapso que va desde dos meses hasta aproximadamente un año, dependiendo de la voluntad política y la celeridad del trámite legislativo.

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco señaló que la rapidez del proceso dependerá de la voluntad política. “Dado su carácter polémico va a depender del interés de los congresistas. Hay oportunidades donde se aprueban iniciativas en 24 horas, un año o nunca”, mencionó. En esa línea, añadió que otro factor clave es el silencio parlamentario: si en un año el Senado no se pronuncia sobre el proyecto, el presidente del Congreso puede remitir al presidente de la República la autógrafa aprobada en el Pleno de Diputados para su promulgación. Por su parte, un portavoz señaló: “Buen Gobierno, Ahora Nación, OBRAS, Juntos por el Perú, somos cuatro partidos que hemos hablado sobre la derogatoria. Así que debería tratarse con prioridad”. Además, Cevasco recordó que otra figura del nuevo Congreso bicameral es la conferencia, que se activa cuando las comisiones de ambas cámaras no logran un acuerdo, y entonces se realizan reuniones de coordinación para consensuar un texto. google icon

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