Recientemente, el Estado ha dado la espalda a cientos de jóvenes talentosos que buscaban acceder a becas como Beca 18 y Generación del Bicentenario, oportunidades que podían romper círculos viciosos para muchas familias y retribuir al país en el futuro. A esto se suman los primeros resultados de logros de aprendizaje en estudiantes de quinto de secundaria, que nos enfrentan a una realidad difícil pero apremiante. Si no giramos el timón, no solo no aprovecharemos el bono demográfico: el futuro se ve bastante gris para nuestras posibilidades de desarrollo.

La situación en las aulas es crítica. Solo uno de cada 10 estudiantes que está por terminar la escuela alcanza niveles satisfactorios en lectura, y en matemáticas y ciencia y tecnología la realidad no es mucho mejor. La gran mayoría culmina el colegio sin las capacidades suficientes para comprender instrucciones, resolver operaciones básicas y enfrentarse a un mundo cada vez más cambiante y dependiente de la tecnología. En otras palabras, salen con posibilidades muy bajas de alcanzar niveles adecuados de productividad y, con ello, de ingresos futuros para ellos y para el país en general.

Lo que ocurre en la escuela es clave porque seis de cada 10 jóvenes que terminan la secundaria pasan directamente al mercado laboral o a la inactividad, sin ningún tipo de educación superior. De los cuatro restantes, no todos acceden a instituciones de calidad ni todos concluyen sus estudios. La consecuencia es predecible: los jóvenes son hoy el grupo con el peor desempeño en los indicadores del mercado laboral, en un contexto donde la contratación formal resulta prohibitivamente costosa para muchas micro y pequeñas empresas, y donde la productividad es demasiado limitada para mejorar sustancialmente los ingresos del promedio.

Un reciente informe de Credicorp, el Termómetro del Talento, revela que los jóvenes estudiantes y egresados de educación superior priorizan hoy el crecimiento profesional y los salarios competitivos por encima de la estabilidad laboral que antes era más valorada. Sin embargo, no están encontrando esas oportunidades. Más de la mitad de los jóvenes peruanos ansía migrar en busca de un mejor futuro.

Esta fuga de talentos se da en un contexto donde persiste un desajuste entre la oferta formativa y la demanda del mercado laboral, un problema que se viene reportando desde hace años. Las empresas reportan dificultades crecientes para cubrir puestos con las competencias requeridas, mientras los egresados buscan empleo sin hallar uno acorde a su formación. Para cerrar esta brecha, se necesita un acercamiento más sistemático entre las instituciones educativas y las empresas en cada región, con el fin de identificar las competencias más necesarias y adaptar los enfoques de enseñanza. También hay un espacio para utilizar mejor los recursos del canon de las universidades públicas, impulsando innovaciones que mejoren la productividad de los estudiantes y nuestra capacidad para cumplir con sus necesidades y expectativas.

Afortunadamente, hay luz al final del túnel: la gran mayoría de quienes consideran irse al extranjero lo ve como algo temporal y tiene intenciones de regresar al país. Pero esta esperanza conlleva una responsabilidad: generar las condiciones para que volver sea una opción racional en su radar. Esto implica construir un Perú donde sí se generen oportunidades, donde el Estado funcione y sea un real habilitador para la inversión y la creación de empleos de calidad, donde haya estabilidad y donde los jóvenes puedan ver un futuro.

Pero la clase política no ha hecho de este tema una prioridad. En medio de una campaña sin propuestas, lo poco que se ha escuchado es, por un lado, aumentar el salario mínimo. Aunque suene bien, esta medida ignora que el 71% de los trabajadores son informales, que solo la mitad son asalariados y que cuatro de cada 10 son autoempleados –muchos de los cuales ni siquiera llegan al salario mínimo a fin de mes–. Subir la valla de la formalidad con criterio político en lugar de técnico no protege a la mayoría: la condena a seguir donde está. El término productividad puede sonar frío y lejano, pero es el más determinante para cambiar vidas y el rumbo del país de forma sostenida. Existen varias medidas documentadas para mejorar nuestra productividad laboral y generar oportunidades para los jóvenes, desde la secundaria hasta la educación superior y el ingreso al mercado laboral. También hay otras para elevar la productividad y formalidad empresarial, junto con mejorar nuestras frondosas normativas laborales. Lo que falta, o es insuficiente, es voluntad política para darles prioridad. En cambio, sí hay prioridad para salvatajes millonarios recurrentes, compras de aviones o las medidas populistas que reparte un Congreso que no debería tener iniciativa de gasto. Y mientras tanto, una generación entera paga esa cuenta. Paola del Carpio Ponce es coordinadora de Investigación de Redes. Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

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