Con el objetivo de garantizar la ejecución progresiva, sostenida y oportuna de la Nueva Carretera Central, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el congresista Juan Mori Celis, aprobó con cargo a redacción el dictamen recaído en los proyectos de ley 14089 y 14141. La iniciativa propone medidas excepcionales de continuidad, priorización y coordinación interinstitucional para esta obra, considerada estratégica para la integración territorial y el desarrollo económico del país, en el marco de la sostenibilidad fiscal y del ordenamiento jurídico vigente.

El proyecto se desarrolla bajo titularidad pública, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo definir la modalidad de ejecución conforme al marco normativo vigente. Para asegurar continuidad, eficiencia y adecuados estándares de gestión, la obra podrá realizarse mediante ejecución directa de obra pública o a través de contratos de gobierno a gobierno (G2G). También se contemplan esquemas de gerenciamiento integral, oficinas de gestión de proyectos y asistencia técnica especializada.

La ejecución del proyecto se sujeta estrictamente a los sistemas administrativos establecidos: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Tesorería, así como las reglas fiscales y el Marco Macroeconómico Multianual.

El grupo de trabajo también aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 14139, que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo regular en zonas aisladas del país y en localidades con infraestructura aeroportuaria donde no exista oferta privada. La iniciativa busca promover rutas aéreas interregionales directas entre aeropuertos nacionales, con el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, fortalecer la integración territorial, mejorar la conectividad aérea y optimizar el uso de la infraestructura existente. Además, se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 13373, que exige que las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuenten con unidades accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores, garantizando condiciones de seguridad, comodidad y autonomía. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones será el encargado de reglamentar la introducción progresiva de estos vehículos. Las unidades también deberán incluir espacios sensorialmente amigables, definidos como zonas o áreas con reducción controlada de estímulos sensoriales, para permitir el uso del servicio por personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), otras condiciones del neurodesarrollo o usuarios con alta sensibilidad sensorial.

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