El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante decreto ejecutivo el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 el 14 de julio de 2026, derogando formalmente la estrategia del régimen de Lenín Moreno, que estaba prevista hasta 2030. El documento, que fue aprobado previamente en una sesión calificada como "secretísima" por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el 9 de marzo de 2026, consolida un viraje estructural hacia un modelo de acción unificada que adapta la política pública al escenario de conflicto armado interno declarado en 2024. Este enfoque prioriza de manera directa la intervención y el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y centros carcelarios para combatir a las bandas delictivas catalogadas como terroristas. Asimismo, centraliza la evaluación técnica y el monitoreo en el Ministerio de Defensa Nacional. Con la derogación de la estrategia de Moreno, el gobierno de Noboa afianza el accionar militar como eje central de la seguridad, en un contexto donde 31,000 soldados ya se encuentran desplegados en operativos. El plan redefine la seguridad integral y refuerza la presencia castrense tanto en espacios públicos como en prisiones, en línea con la declaración de conflicto armado interno que rige desde 2024.

Siete Objetivos Nacionales de Seguridad

La nueva planificación reduce las antiguas 99 estrategias del gobierno de Lenín Moreno a siete objetivos nacionales de seguridad. Uno de ellos, el tercero, se centra en la reconstrucción del sistema penitenciario y ordena que las Fuerzas Armadas mantengan el control temporal y estricto de las prisiones para aliviar el hacinamiento crítico del 29,06%, que afecta a 34.612 internos y desborda la capacidad del Estado. El plan prevé una transición para que, en 2027, los militares devuelvan la administración de las cárceles al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). En paralelo, plantea crear tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura para juzgar a los uniformados.

La presencia militar en el territorio ecuatoriano cobra un protagonismo permanente tras el despliegue de 31.000 militares en 2024 y 1.750 soldados adicionales en 2025 en las zonas con mayores índices de criminalidad.

La criminalidad avanza en Ecuador

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes escaló de niveles inferiores a 8,2 entre 2014 y 2020 hasta alcanzar un pico de 46,2 en 2023. El 2025 cerró con un récord histórico de aproximadamente 9.300 homicidios reportados por el Ministerio del Interior. Esta espiral de violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado transnacional ha tenido consecuencias económicas devastadoras, como el cierre de 65.837 microempresas entre 2022 y 2023 debido a extorsiones. Esto obliga al sector privado a gastar más de US$1.500 millones anuales en seguridad, mientras la informalidad laboral alcanzó el 53,5%.

El plan también diagnostica la realidad social del país: la pobreza por ingresos alcanzó el 24% y la pobreza extrema el 10,4% a mediados de 2025, mientras que la presión migratoria se refleja en 77.000 refugiados reconocidos por ACNUR y 444.000 migrantes venezolanos. Para cortar el financiamiento de las organizaciones delictivas, vinculadas en gran medida a la minería ilegal —que representó el 2,5% del PIB en 2022—, el Plan Nacional de Seguridad impulsa la interoperabilidad de las bases de datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Aduanas, con el fin de compartir información en tiempo real. Sin embargo, las 201 páginas del documento gubernamental no incluyen un presupuesto general ni una asignación fiscal global para su ejecución. En su lugar, derivan las obligaciones a una red de articulación entre los ministerios del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, el CNI y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Leer artículo completo en larepublica.pe →