El presidente Gustavo Petro confirmó durante un consejo de ministros que no participará en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto. Esta decisión implica que el país no contará con la tradicional foto oficial de la entrega de poder ni con el saludo protocolar entre el mandatario saliente y el entrante. La medida se da en medio de una transición que ya venía deteriorada por la falta de garantías institucionales denunciadas por el equipo del presidente electo, que incluso ha tenido que recurrir a derechos de petición para obtener información gubernamental.
“Él sabe por qué, porque eso es un fraude”, declaró Petro frente a sus funcionarios, en una intervención difundida por Revista Semana. Sin presentar pruebas ante las autoridades judiciales ni la opinión pública, el mandatario insistió en que no se trata de un “fraude monumental de cuatro o cinco millones”, sino de una manipulación específica de “848.000 votos”. Estas acusaciones invalidaron el acto protocolar que, según el Decreto 770 de 1982, exige que el jefe de Estado saliente imponga a su sucesor las condecoraciones de la Orden de Boyacá en grado de gran collar, la Orden de San Carlos y la Orden Nacional al Mérito.
La disputa por la sede de la juramentación también complica la transición, pues se evalúa que la ceremonia de Abelardo de la Espriella se realice en una guarnición militar, en lugar de la sede habitual del Congreso. Esta postura radical de Petro agudiza el enfrentamiento con el equipo del presidente electo, que ya había advertido sobre la falta de condiciones para un traspaso de mando ordenado.
Abelardo de la Espriella insiste en juramentar en una guarnición militar
Mientras el presidente Gustavo Petro ya ha dejado claro que no asistirá a la posesión, otro frente de la disputa se concentra en el Congreso de la República, donde la intención de Abelardo de la Espriella de juramentar en una guarnición militar del sur del país ha generado un nuevo pulso. El partido Salvación Nacional, único que avala al presidente electo, respalda la iniciativa mediante un borrador de ponencia de la representante electa Carol Borda, argumentando que la Constitución permite a las cámaras trasladar su sede. Sin embargo, el Pacto Histórico rechaza de plano la propuesta.
El representante Gabriel Becerra lidera la oposición oficialista y sostiene que, para preservar el carácter subordinado de las Fuerzas Militares, la posesión debe realizarse estrictamente ante el poder civil en el Capitolio. La última palabra de este conflicto de sedes no dependerá de la autonomía legislativa, sino del propio Ejecutivo saliente. El secretario del Congreso, Diego González, aclaró que, aunque los congresistas aprueben una proposición para sesionar fuera de Bogotá, se requiere obligatoriamente el visto bueno del actual jefe de Estado para ingresar a instalaciones de las Fuerzas Militares.
Ante esto, Petro ya emitió una orden tajante que prohíbe que cualquier establecimiento militar sirva de escenario para la ceremonia, lo que reduce el margen de maniobra del mandatario electo. El desenlace institucional de este choque ideológico y procedimental se definirá el próximo 20 de julio, fecha en la que el Congreso determinará formalmente la sede de la disputada investidura.
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