En medio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por la administración de Donald Trump —quien estableció un estándar de 2.000 detenciones diarias—, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecuta operativos que ya marcan récords históricos y han derivado en desenlaces fatales. La división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) en Harlingen arrestó en un solo día a 238 inmigrantes en 14 condados del Valle del Río Grande, en el sur de Texas.

Juan Agudelo, director local de ICE, defendió que la misión busca "mejorar la seguridad pública y restaurar la integridad del sistema migratorio", y aseguró que se enfocan en personas con antecedentes penales. Sin embargo, las detenciones indiscriminadas alcanzaron a la comunidad religiosa, como ocurrió con el arresto en McAllen de la monja nigeriana Letty Ugboaja, caso que el congresista demócrata Henry Cuellar señaló como una preocupante gestión de recursos.

La mayor alarma social proviene de los recientes tiroteos mortales. En menos de una semana, dos migrantes latinoamericanos que no eran los objetivos de los operativos resultaron muertos a manos de agentes federales. El primero es Lorenzo Salgado Araujo (52 años), mexicano y obrero de construcción, con 35 años de residencia en EE. UU. y en proceso de regularización, quien murió el 7 de julio en Houston tras ser tiroteado en su camioneta. El segundo caso involucra a Joan Sebastián Durán, cuya muerte también ha generado condenas.

Ante esta situación, Human Rights Watch y la Cancillería de México exigen investigaciones exhaustivas tras la muerte de inmigrantes a manos de agentes federales en Estados Unidos. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación por el uso de la fuerza letal en operativos migratorios que, según denuncian, no distinguen entre objetivos criminales y personas en proceso de regularización.

Human Rights Watch pide investigaciones por los casos de Lorenzo Salgado y Joan Sebastián Durán. Foto: AFP. Aunque ICE alegó defensa propia y argumentó que Salgado intentó arrollarlos, la congresista Sylvia García confirmó que él no era el sospechoso buscado. Su abogado, Hugo Balderas, y tres testigos directos detenidos desmintieron la agresión de Salgado y afirmaron que los impactos de bala entraron por los costados del vehículo. Joan Sebastián Durán Guerrero (26 años), colombiano oriundo de Bucaramanga, quien contaba con autorización de trabajo y vivía en Maine con su esposa y su hija, falleció el 13 de julio en Biddeford tras recibir disparos cuando el ICE intentó detener su auto. El senador Angus King confirmó que Durán tampoco era el objetivo de la operación. Cifras en aumento y reclamos de justicia Desde el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025, el portal The Trace registra 29 incidentes en los que agentes de ICE dispararon a civiles, con un saldo de ocho personas muertas, a las que se suma un hombre atropellado en San Agustín, Florida, mientras huía de un control migratorio. Esta ola de violencia desató indignación internacional. Mientras la organización Human Rights Watch exige una investigación transparente por la muerte de Durán, la Cancillería de México ha presentado denuncias ante fiscalías estatales y la ONU por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos de ICE. Paralelamente, en Texas, la Fiscalía del condado de Harris investiga de forma independiente la muerte de Salgado, pero enfrenta la nula cooperación del Gobierno federal, que se niega a identificar a los agentes implicados.

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