Las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien señaló que la posibilidad de un indulto para Pedro Castillo “está en estudio”, han encendido una discusión que va más allá de lo político y se instala en el respeto al Estado de derecho. En los últimos días de una gestión, cada decisión adquiere un peso especial, no solo por marcar el cierre del mandato, sino por el precedente institucional que puede dejar para el futuro.

El indulto es una facultad constitucional de enorme trascendencia, pero su naturaleza excepcional exige límites jurídicos claros. No puede convertirse en una herramienta para resolver coyunturas políticas o favorecer afinidades personales; su ejercicio requiere el estricto cumplimiento de los requisitos legales y el respeto irrestricto al debido proceso. En el caso del golpista Pedro Castillo, la discusión jurídica es determinante: mientras no exista una sentencia firme, mecanismos como el indulto o el derecho de gracia no son aplicables en los términos que establece la legislación vigente.

Pretender una interpretación distinta no solo abriría un complejo debate legal, sino que expondría al Estado a cuestionamientos sobre el uso de una prerrogativa presidencial fuera de los límites que la propia Constitución impone. Así, la postura del gobierno de Balcázar genera interrogantes sobre el respeto al ordenamiento jurídico en un momento clave para la institucionalidad del país.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →