Proinversión: el reto de pasar de agencia a ministerio sin los recursos suficientes

Con la publicación del reglamento de la nueva ley de APP, el pasado 24 de diciembre, el marco normativo que transforma a Proinversión en el eje central del sistema de inversión privada quedó formalmente completo. Sin embargo, la pregunta que ahora surge es si realmente se le está dando el apoyo necesario a la agencia para asumir sus nuevas funciones. Lo difícil, como suele ocurrir, no es aprobar normas, sino implementarlas.

La nueva ley le otorga a Proinversión competencias que antes estaban dispersas en múltiples entidades. Ya no solo reactivará proyectos que llevaban años dormidos —tarea que ha cumplido muy bien en los últimos años—, sino que ahora será responsable del ciclo completo, incluyendo la temida posventa: gestión contractual, modificaciones y supervisión de cierres financieros. Todo esto suena bien en el papel, pero la realidad es que se le está encargando la gestión de una cartera que entre 2026 y 2028 contempla 88 proyectos por más de US$ 28,000 millones.

El problema central es que no basta con decir “ahora Proinversión se encarga”. El fortalecimiento institucional no se decreta, se construye. Y para construirlo se necesitan recursos, capacidades y gobernanza. Recursos significa presupuesto real, no transferencias puntuales para proyectos específicos. Capacidades significa no depender exclusivamente de consultorías externas, porque al final del día quien pone la firma es un funcionario público. Y si ese funcionario no tiene la experiencia ni el respaldo institucional, terminará paralizado por el temor a la responsabilidad administrativa.

La nueva ley modifica la composición del Consejo Directivo de Proinversión, que ahora incluirá dos miembros independientes seleccionados por concurso público, además de representantes del MEF, MTC y Vivienda. El nombramiento de estos consejeros debe ser pronto y riguroso: se requiere que tengan experiencia real en infraestructura, capacidad técnica y, sobre todo, independencia efectiva del ciclo político. Sin ese fortalecimiento institucional real, advierten, se corre el riesgo de repetir el patrón conocido: "buenos diseños que fracasan en la implementación".

Chile y Colombia ofrecen modelos de referencia. El MOP chileno cuenta con un presupuesto superior a los USD 5,000 millones anuales, presencia en todas las regiones y una Dirección General de Concesiones que gestiona tanto la promoción como la ejecución contractual. Colombia, por su parte, tiene la ANI, una agencia con autonomía administrativa, financiera y técnica, patrimonio propio, y un consejo directivo que incluye ministros, representantes del presidente y consejeros de estructuración y gestión contractual. Ambos modelos comparten un rasgo clave: instituciones con músculo propio para gestionar infraestructura de largo plazo.

Si se hacen bien las cosas, Proinversión puede convertirse en el germen de un futuro Ministerio de Infraestructura que enfrente los proyectos de inversión pública con mirada territorial, utilizando los distintos mecanismos disponibles —APP, OXI u obra pública—. El MEF y el Ejecutivo deben ahora acompañar la nueva ley con el refuerzo presupuestal y político que la entidad necesita. "El vestido ya está listo. Falta vestir al santo", concluye el análisis.

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