El exministro de Agricultura del gobierno de Alberto Fujimori, Absalón Vásquez Villanueva, asumirá como senador de la República tras la decisión de Rafael López Aliaga de no ocupar su curul. Vásquez, primer accesitario de Renovación Popular, obtuvo 79.053 votos en los últimos comicios y, pese a registrar una condena firme por peculado y arrastrar una deuda millonaria por reparación civil con el Estado, será parte del nuevo Parlamento bicameral.
Vásquez postuló con el número 5 por la agrupación celeste en este proceso electoral, luego de haber dejado Fuerza Popular en enero de 2025. Se declara un leal "albertista" —en alusión al fallecido expresidente Alberto Fujimori—, y su incorporación a Renovación Popular se concretó tras una conversación con López Aliaga durante el sepelio del exmandatario.
La llegada de Vásquez al Senado con el partido celeste es el último capítulo de una larga trayectoria de cambios de camiseta política. En la década de 1990 fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori y fundó la agrupación Sí Cumple, a la que renunció en 2010. Posteriormente creó el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde, del cual se retiró en 2017. Ese mismo año se unió como fundador a Podemos Perú, partido que dejó en 2020 para luego recalar en Fuerza Popular y, finalmente, en Renovación Popular.
Los antecedentes por corrupción y la deuda de más de 1 millón de soles
El principal cuestionamiento contra Absalón Vásquez es su situación con la justicia. El 27 de junio de 2008, el Poder Judicial lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por el delito de peculado, que implica usar ilegalmente dinero del Estado, según informó la Unidad de Investigación de La República. En su hoja de vida ante el JNE, el virtual senador afirmó que “no se benefició ni directa ni indirectamente de los fondos del Estado”, pero ese argumento no anula ni justifica la actuación delictiva por la que fue sentenciado.
El documento judicial de su sentencia señala textualmente: “Condenando a Absalón Vásquez Villanueva como cómplice primario del delito contra la Administración Pública – Peculado, en agravio del Estado, e imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el plazo de tres años, bajo el cumplimiento de las reglas de conducta”. Además, le impusieron una inhabilitación por tres años y los jueces le ordenaron pagar una reparación civil de 1 millón 70.000 soles. Sin embargo, después de 17 años —hasta enero del 2026—, Vásquez apenas ha cancelado el 3% de ese dinero.
“Un fraude a la ley” y fallas en el JNE
En diálogo con La República, la abogada experta en temas electorales María Antonieta Gonzáles señaló que hubo un fallo en los controles del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ley prohíbe de forma expresa que postulen personas sentenciadas por corrupción, sin importar si fueron autoras o cómplices, especialmente si no han pagado sus deudas con el Estado.
La especialista Gonzáles explicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incurrió en "una falla" al no detectar que Absalón Vásquez tenía un impedimento para postular. "La Constitución es clara: las personas sentenciadas por corrupción, ya sean autoras o cómplices, no pueden postular. Además, el Tribunal Constitucional exige que para postular se debe haber pagado toda la reparación civil. El jurado debió detectar esto y no permitir que se inscriba", señaló. No obstante, aclaró que al no presentarse una tacha a tiempo y al haber sido aceptada su candidatura, la fase de calificación ya precluyó y es jurídicamente imposible retirarlo de la carrera. “Esa etapa ya precluyó, como es el caso del señor Vázquez. Si es que esa sentencia sigue actualmente vigente porque no ha pagado la reparación civil, porque además tampoco ha habido una resolución por parte del Poder Judicial de Rehabilitación. Entonces, ahí hay una situación que el jurado sí debió de hacer y no ha hecho”, agregó.
Frente a la posibilidad de una vacancia, la experta advirtió que los parlamentarios podrían intentar un proceso por cuestiones éticas o por la deuda millonaria, pero recordó que la ley castiga la postulación, no el acto de juramentar una vez que la persona ya ganó. "Estamos hablando de un impedimento para postular, no de un impedimento para cumplir con la función de congresista. El jurado debió advertir esto antes. Ahora, el Congreso podría solicitar su vacancia (…) evaluar si deciden mantenerlo y asumir la responsabilidad política que con ello lleva", sostuvo.
Sobre la renuncia de Rafael López Aliaga a su curul, Gonzáles consideró que es parte de su juego político y que busca adecuar las leyes del país para beneficio propio.
La abogada señaló que el Congreso “se ha lavado las manos” al delegar al JNE la decisión sobre la renuncia de Rafael López Aliaga a su curul en el Senado. Según la experta, el Parlamento debió evaluar y declarar el vacío del escaño para que el Jurado llame al siguiente candidato, como se ha hecho siempre. “Si bien hay una falta clara de cuáles son los pasos frente a este tipo de casos, sí me parece que han ido por la salida fácil”, concluyó. Para la especialista, la maniobra de López Aliaga constituye “un fraude a la ley”. Explicó que, aunque nadie puede ser obligado a asumir un cargo, una cosa es no hacerlo y otra muy distinta es “aprovecharte de eso para sacarle la vuelta a la ley y eludir normas, como la prohibición de la reelección inmediata o la renuncia al mandato”. A su juicio, esto “sienta un pésimo precedente”. El principal problema de esta acción, según la abogada, es que deja desamparados a los ciudadanos que votaron por él. Al no asumir la curul por la que postuló, se destruye la confianza de la gente y se debilita el principio básico de la democracia: el derecho a estar representados. “¿Cómo quedan frente a este hecho todas aquellas personas que votaron por él? Él ha sido uno de los más votados. Hay una responsabilidad política detrás que el señor López Aliaga está eludiendo, y que no debería tomarse tan a la ligera como decir: ‘bueno, no quiere juramentar, que pase el siguiente’”, agregó.
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