La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó al Ministerio Público que dé por concluida la investigación preparatoria contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo; su hermana Yenifer Paredes; sus hermanos Walter y David Paredes; el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina; y otros procesados por presunta organización criminal en el marco del caso Anguía. La decisión judicial deja sin efecto la resolución del 12 de enero de la jueza Lorena Sandoval, que había ampliado por 18 meses el plazo de la pesquisa.
A partir de ahora, la Fiscalía deberá definir si formula acusación fiscal, solicita el sobreseimiento o el archivo del caso, o emite un requerimiento legal, todo dentro del plazo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Además, el tribunal dispuso que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público evalúe que el despacho fiscal actúe dentro de los plazos previstos por ley.
El colegiado resolvió declarar fundados los recursos de apelación presentados por las defensas de Lilia Paredes —esposa del expresidente Pedro Castillo, actualmente asilada en México— y del exalcalde José Medina. Con ello, se dejó sin efecto la resolución que autorizaba una prórroga de 36 meses solicitada por la Fiscalía para continuar con las pesquisas. La decisión judicial ordena al Ministerio Público concluir la investigación en su contra. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la ex primera dama y los demás implicados habrían integrado una presunta red criminal que operaba desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Castillo. Esta supuesta organización delictiva habría favorecido a empresas fachada mediante licitaciones fraudulentas, otorgándoles la buena pro por sumas millonarias pese a que no cumplían con los requisitos legales. Dichas operaciones se habrían ejecutado en las regiones de Cajamarca, Amazonas y Lima. Paralelamente, en enero de 2026, la defensa de Yenifer Paredes presentó un recurso de control de plazo argumentando que el tiempo legal de la investigación ya está vencido. Por ello, sostiene que corresponde que la Fiscalía defina si formula acusación o archiva el caso.
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