PJ ordena a la Fiscalía cerrar investigación contra Lilia Paredes y otros implicados en el caso ‘Anguía’

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial revocó la resolución de la juez Lorena Sandoval, quien el 12 de enero había ordenado ampliar por 18 meses la investigación preparatoria contra Lilia Paredes —esposa del expresidente Pedro Castillo y actualmente asilada en México—, su hermana, la diputada electa Yenifer Paredes; sus hermanos Walter y David Paredes; el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina; y otros implicados en el denominado caso ‘Anguía’. El tribunal superior declaró fundados los recursos de apelación presentados por los abogados de Lilia Paredes y de José Medina, quienes cuestionaban la decisión de la magistrada Sandoval. Ella había aceptado el pedido fiscal para otorgar una prórroga de la investigación, pero por un plazo de 36 meses, no de 18. La sala reformó la resolución apelada y declaró improcedente el requerimiento fiscal de prórroga por haber sido formulado de manera “extemporánea”. En consecuencia, el Poder Judicial ordenó al Ministerio Público que concluya la investigación preparatoria. La Fiscalía deberá emitir, dentro del plazo legal previsto en el artículo 343 del Código Procesal Penal, el pronunciamiento que corresponda conforme a sus atribuciones: determinar si formula una acusación fiscal, solicita al Poder Judicial el sobreseimiento o archivo del proceso penal, o emite el requerimiento legal pertinente. Además, la sala superior dispuso la remisión de copias certificadas de la resolución a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, para que evalúe la actuación temporal del despacho fiscal en el marco de sus competencias, sin que ello implique adelanto de criterio disciplinario. La medida fue adoptada mediante una resolución emitida el último 18 de junio. El Ministerio Público sostiene que Lilia Paredes, junto a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y otros implicados, integraron una presunta organización criminal. Esta red, según la investigación, se habría dedicado a licitaciones públicas fraudulentas en los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas. El modus operandi consistía en favorecer a empresas de fachada con la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por sumas millonarias, pese a que no cumplían con los requisitos legales.

Ochoa: TC no hizo control de leyes con iniciativa de gasto del Congreso porque Ejecutivo no presentó acción de inconstitucionalidad

Leer artículo completo en rpp.pe →