La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial ordenó al Ministerio Público dar por concluida la investigación preparatoria contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo; su hermana Yenifer Paredes; los hermanos Walter y David Paredes; el exalcalde de Anguía, José Medina; y otros investigados en el caso ‘Anguía’. La decisión se adoptó mediante una resolución emitida el 18 de junio.

El tribunal superior declaró fundados los recursos de apelación presentados por los abogados de Lilia Paredes —quien permanece asilada en México— y del exalcalde José Medina, quienes solicitaron revocar la resolución de la jueza Lorena Sandoval. Dicha resolución, dictada el 12 de enero, ampliaba por 18 meses el plazo de la investigación preparatoria, luego de acoger el pedido fiscal para la prórroga.

Al reformar la resolución apelada, la sala superior declaró improcedente la solicitud fiscal, al concluir que fue presentada de manera “extemporánea”. En consecuencia, dejó sin efecto la ampliación dispuesta por la jueza Sandoval.

Asimismo, el tribunal dispuso que el Ministerio Público emita, dentro del plazo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal, el pronunciamiento que corresponda de acuerdo con sus atribuciones. La Fiscalía deberá decidir si presenta una acusación fiscal, solicita al Poder Judicial el sobreseimiento o archivo del caso, o formula el requerimiento que la ley contemple.

La sala superior también ordenó remitir copias certificadas de la resolución a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que evalúe la actuación del despacho fiscal. Precisó que esta medida no supone un adelanto de criterio sobre un adelanto de criterio disciplinario. El Ministerio Público atribuye a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo; a sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes; al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina; y a otros investigados integrar una presunta organización criminal. Según la tesis fiscal, esta organización habría operado mediante licitaciones públicas fraudulentas en las regiones de Lima, Cajamarca y Amazonas. Habría favorecido a empresas de fachada con la adjudicación de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por millonarios montos, pese a que no cumplían con las condiciones establecidas en la normativa.

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