La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Óscar Díaz Alegre, expresó este martes su preocupación por las condiciones estructurales de la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en el distrito de San Isidro. La intervención se realizó luego de que un reportaje periodístico alertara sobre posibles deficiencias en el inmueble.

Uno de los principales hallazgos de la inspección fue que el edificio no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que acredita el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Díaz Alegre explicó que existe un procedimiento administrativo en curso debido a que el inmueble presenta observaciones que aún no han sido subsanadas. “Hay un procedimiento administrativo porque no cuentan con el certificado de Defensa Civil. Justamente no lo tienen debido a que existe un riesgo que debe ser corregido”, indicó.

El fiscal provincial afirmó que el objetivo de la diligencia es evitar una tragedia que ponga en riesgo la vida de los trabajadores y ciudadanos que acuden diariamente al lugar. “La preocupación de este despacho es que lo advertido en los medios de comunicación respecto a que el edificio podría significar un riesgo fuerte en su desplome, afectando a cerca de 700 personas. Nosotros tratamos de evitarlo. Ni una vida puede perecer”, declaró.

El Ministerio Público informó que ya abrió una carpeta fiscal para determinar eventuales responsabilidades penales. La investigación comprende los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, estragos especiales en modalidad culposa, y omisión, retardo o incumplimiento de actos funcionales.

Durante la diligencia, funcionarios del Ministerio de Vivienda informaron que ya se otorgó la buena pro para contratar la consultoría que elaborará el expediente técnico destinado al reforzamiento estructural del inmueble. Sin embargo, el fiscal Díaz Alegre cuestionó los plazos previstos: “Nos han informado que la consultoría demorará aproximadamente un año y recién después comenzarían las obras. Considero que es demasiado tiempo frente al riesgo existente”, sostuvo. Como medida preventiva, el Ministerio anunció que ampliará la modalidad de teletrabajo y trasladará la Mesa de Partes a un inmueble contiguo para reducir la cantidad de personas que permanecen diariamente en el edificio. No obstante, la Fiscalía consideró que estas acciones deben complementarse con una evaluación técnica especializada que determine el nivel real de riesgo. El representante del Ministerio Público informó que la Municipalidad de San Isidro deberá realizar una inspección mediante especialistas en ingeniería para establecer si el edificio puede seguir siendo ocupado o si corresponde declararlo inhabitable. “He solicitado que los ingenieros de la municipalidad acudan de inmediato para establecer si existe un riesgo inminente. Si así lo determinan, deberá procederse al desalojo completo del edificio”, afirmó. El fiscal precisó que, de encontrarse indicios de responsabilidad, el caso será derivado a una fiscalía penal para las investigaciones correspondientes contra los funcionarios involucrados. Mientras se emite el pronunciamiento técnico, la Fiscalía continuará supervisando el cumplimiento de las medidas preventivas anunciadas por el Ministerio de Vivienda con el objetivo de proteger la integridad de los aproximadamente 700 trabajadores que laboran en la sede institucional.

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