El objetivo de la Fiscalía es verificar las condiciones de seguridad e identificar posibles factores de riesgo para prevenir la comisión de delitos La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, liderada por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre, inspeccionó el edificio central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicado en el distrito de San Isidro. La diligencia se realizó tras la difusión de un informe periodístico de *Cuarto Poder* que alertó sobre presuntas deficiencias estructurales y un eventual riesgo de colapso en las instalaciones. Durante la inspección, Díaz Alegre confirmó que el inmueble estatal no cuenta con la certificación de seguridad para operar. “No tiene el certificado de Defensa Civil. Ellos han contestado, han hecho su descargo, pero no cuentan con el certificado de Defensa Civil. Por eso que la Municipalidad de San Isidro le ha abierto un proceso disciplinario sancionador”, precisó el magistrado. La intervención fiscal se ejecutó con el apoyo de entidades competentes en gestión del riesgo de desastres, fiscalización, desarrollo urbano y defensa civil. El objetivo de la Fiscalía es verificar las condiciones de seguridad, revisar los informes técnicos e identificar posibles factores de riesgo para prevenir la comisión de delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de funciones y estragos especiales. En esa línea, Díaz Alegre fue enfático al señalar a las autoridades del MVCS las implicancias legales si se produce una emergencia y no se toman las medidas de resguardo inmediatas, considerando el alto riesgo de la infraestructura. El fiscal provincial advirtió que, de ocurrir una tragedia, las autoridades del ministerio podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel. El fiscal advirtió que la situación podría escalar a un delito doloso si las autoridades, pese a conocer los riesgos, no toman medidas. “De ocurrir algo, es la forma culposa. Pero de conocer y haberles exhortado de que esto puede traer consecuencias, ya no sería nada culposo, sería doloso. Y las penas son pues de uno a 20 años”, aseveró. El inmueble inspeccionado fue adquirido por el Estado peruano en 2018 a través del Banco de la Nación por 33.5 millones de dólares (más de 100 millones de soles). Según la investigación periodística que motivó la intervención, la compra se habría concretado sin contar con un estudio estructural que avalara las condiciones adecuadas de la edificación. Ante el peligro, el Ministerio Público y las autoridades de la cartera de Vivienda evaluaron soluciones a corto plazo. Se dispuso incrementar la modalidad de teletrabajo, sistema en el que ya operan cerca de 200 empleados, y se planificó el traslado de la mayor parte del personal de las instalaciones durante el transcurso de la semana. El fiscal añadió que la entidad ha manifestado su disposición para alquilar un nuevo local en caso de que la municipalidad declare el edificio formalmente como inhabitable. El fiscal Óscar Díaz señaló que la sede del Ministerio de Vivienda no cuenta con certificado de Defensa Civil. Esta declaración se dio en el marco de una investigación que busca determinar las responsabilidades por posibles irregularidades en la gestión de la entidad. Díaz precisó que la falta de este documento constituye una grave omisión que podría poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y visitantes. Asimismo, indicó que se continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las sanciones que correspondan. La autoridad fiscal también advirtió que se evaluarán otras posibles infracciones administrativas y penales vinculadas a este caso.

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