Hermano de Pedro Sánchez es inhabilitado 9 años por prevaricación en contratación irregular

El magistrado José Antonio Patrocinio, titular del juzgado que investigó la contratación irregular en la Diputación de Badajoz, dictó una sentencia que golpea al entorno del presidente del Gobierno al condenar a David Sánchez, su hermano menor, a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio. El tribunal de Extremadura lo considera autor, por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación administrativa. La resolución también afecta de manera contundente a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE en la región, quien fue castigado con 18 años de inhabilitación. Según el fallo judicial, la plaza pública concedida al músico y director de orquesta fue diseñada de forma espuria, carecía de contenido real y respondía exclusivamente a intereses particulares, vulnerando abiertamente los principios de mérito, capacidad y publicidad exigidos por la ley. Los magistrados determinaron en su argumentación que la creación del puesto de coordinador de conservatorios no era ni necesaria ni urgente, y señalaron que este tipo de prácticas poco éticas daña la salud democrática y fomenta la corrupción. El tribunal critica la creación de empleos públicos espurios y absuelve a Sánchez del tráfico de influencias, mientras se suceden reacciones políticas polarizadas tras la condena en el marco legislativo actual.

El tribunal de Badajoz absolvió a David Sánchez del delito de tráfico de influencias, al considerar que no se pudo demostrar de forma inequívoca que se ejercieran presiones o influencias directas sobre los funcionarios que tramitaron su nombramiento. Sin embargo, la sentencia señala que el hermano del presidente del Gobierno apenas pisó su despacho oficial y se desvinculó de sus tareas asignadas para concentrarse en Ópera Joven, un proyecto de índole estrictamente personal financiado con recursos públicos.

Para intentar legalizar esta situación laboral hecha a su medida, la administración procedió a modificar y rebautizar el cargo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, eliminando cualquier incompatibilidad legal. La sentencia detalla, además, que la maquinaria administrativa se reactivó en 2023 con el único fin de crear otra plaza innecesaria para Luis María Carrero Pérez, amigo y colaborador cercano del principal encausado.

Tras conocerse la sentencia, las reacciones políticas no se hicieron esperar en un panorama legislativo sumamente polarizado. Desde la oposición, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, calificó de lamentable que al hermano del presidente le pagaran por no trabajar. Además, destacó que es la primera vez en la historia democrática de España que un jefe del Ejecutivo acumula a su hermano y a su exministro de Transportes condenados, además de un fiscal general del Estado inhabilitado.

Desde el entorno del Gobierno, la secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, cerró filas en defensa del condenado y aseguró que toda esta causa forma parte de una estrategia política preconcebida para desgastar al Ejecutivo. En esa misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió en el respeto institucional a la justicia, aunque remarcó que el Ejecutivo no comparte una sentencia que contradice la postura de la Fiscalía, que había solicitado previamente la absolución al no apreciar indicios delictivos. En el espectro contrario, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, mostró una visión sumamente crítica del fallo judicial al calificar la condena de sobredimensionada y acusar directamente a la judicatura de perseguir a la gente por la cara. Por su parte, el secretario general de Vox, José María Figaredo, afirmó que, aunque no habían estudiado el texto judicial al completo, respaldaban la decisión de los tribunales frente a lo que definió como un entramado de colocación de familiares con fondos públicos.

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