Ultraderecha impulsa en Chile una ley que obligaría a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de interrumpir el embarazo

En Chile, una nueva iniciativa legislativa impulsada por la ultraderecha ha reavivado el debate en torno al aborto. Se trata del proyecto de ley "Escucha su corazón", presentado por diputados del Partido Republicano —liderado por el presidente José Antonio Kast— y del Partido Nacional Libertario, que busca modificar el Código Sanitario para imponer un requisito adicional antes de la interrupción del embarazo en las tres causales vigentes.

La propuesta establece que, cuando sea detectable, el médico deberá informar a la paciente sobre la existencia de actividad cardíaca embrionaria o fetal y ofrecerle la posibilidad de escucharla. El punto más polémico señala que, si la mujer rechaza oír el latido, el profesional estará obligado a negarse a realizar el procedimiento y deberá dejar constancia de esa negativa en la ficha clínica. Médicos y expertos ya han cuestionado los efectos que esta medida podría tener sobre la atención de las pacientes.

Si bien la iniciativa mantiene las tres causales de aborto legal en Chile —vigentes desde 2017 y que contemplan violación, inviabilidad fetal y riesgo vital para la madre—, el diputado Cristóbal Urruticoechea afirmó posteriormente que el texto fue actualizado para excluir los casos de riesgo vital. No obstante, la versión disponible durante la jornada en el sitio web de la Cámara de Diputados aún conservaba la redacción original, lo que ha generado confusión y críticas.

Críticas por posible efecto coercitivo en pacientes

La exministra de la Mujer Antonia Orellana también expresó su rechazo a la iniciativa. En una carta difundida en sus redes sociales, señaló que la propuesta sigue estrategias impulsadas por sectores ultraconservadores internacionales y cuestionó si "realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá". Además, advirtió que la medida puede generar "mucho dolor psicológico" en quienes enfrentan alguna de las tres causales de aborto legal.

Desde organizaciones de derechos sexuales y reproductivos sostienen que el proyecto no fortalece el consentimiento informado, sino que introduce una condición que dificulta el acceso al aborto legal. La directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, aseveró que "si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal, se ordena al médico rechazar la prestación". Añadió que "esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información".

Canales calificó la medida como "cruel, revictimizante y es contraria a toda lógica de autonomía y dignidad". En esa línea, cuestionó que la reacción de la paciente quede condicionada a una única alternativa válida. "Si te preguntan '¿Quieres escuchar su corazón?' y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje", sentenció.

Los impulsores del proyecto defienden que la modificación busca entregar más antecedentes a la paciente antes de que manifieste su decisión. Según los parlamentarios, la propuesta no elimina las tres causales ni modifica el acceso establecido por la Ley N.º 21.030, sino que refuerza el consentimiento informado incorporando un antecedente clínico adicional. Uno de ellos aseguró que “no es bueno lo que produce el aborto” y que respaldará “cualquier tipo de proyecto que intente frenar la ofensiva” en esta materia, calificando la legislación vigente como una norma que convirtió “el crimen en ley en Chile”. Sin embargo, desde el ámbito sanitario surgieron reparos. Marcelo Ahumada, matrón, ecografista y jefe de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago, explicó que la evaluación de la actividad cardíaca ya forma parte de las ecografías habituales y no requiere que la paciente escuche los latidos. “Quienes realizamos atención clínica estamos obligados a evaluar y señalar el estado de vitalidad de la gestación”, indicó, y añadió que existen distintos métodos médicos para comprobar esa condición. A su juicio, obligar a escuchar el latido fetal “no solo es innecesario, sino que es una medida aberrante que solo agrava la situación clínica”, y constituye una forma de violencia obstétrica. Especialistas han advertido que modificar los protocolos actuales podría perjudicar la atención en regiones donde la medicina materno-fetal se concentra en pocos establecimientos públicos, lo que retrasaría el acceso de pacientes derivadas desde zonas alejadas. La iniciativa no es un caso aislado: según organizaciones feministas, medidas similares ya se impulsaron en Hungría bajo el gobierno de Viktor Orbán y en Castilla y León, España, donde gobierna una coalición entre Vox y el Partido Popular. Representantes de grupos civiles sostienen que la propuesta replica estrategias de movimientos conservadores internacionales. Ahora que el proyecto inicia su tramitación en el Congreso Nacional, se espera que parlamentarios, autoridades sanitarias, colegios profesionales y organizaciones de mujeres fijen posición sobre una modificación que podría cambiar la aplicación práctica de la ley vigente en Chile.

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