Mientras la inseguridad ciudadana acapara la agenda pública como un mal que golpea de forma aleatoria, existe otro problema que afecta a todos los peruanos a diario y sin excepción: el colapso del transporte urbano. Extorsiones, imposibilidad de trabajar con normalidad y de ejercer la ciudadanía son síntomas de una crisis que, a diferencia de la delincuencia, nos toca a cada uno en cada traslado.

Detrás de esta situación hay una falla de fondo: el regulador no comprende el modelo de negocio del transporte. En Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementa desde hace unos años un régimen que entrega rutas con condiciones: renovación de flota, instalación de GPS y otros requisitos para formalizar el servicio. El sistema busca combinar estabilidad jurídica en el otorgamiento de rutas con el cumplimiento de exigencias que mejoren el servicio. Sin embargo, a la ATU se le olvidó que los transportistas son empresarios con distintas formas de gestionar sus compañías.

¿Cómo podría un transportista, sin financiamiento ni habilitación pública, acreditar sus ingresos si pocos han implementado un sistema de recaudo que los haga bancables? ¿Qué facilidades no sectoriales serían claves para formalizar realmente el transporte? Estas preguntas quedan sin respuesta mientras el nuevo régimen, que otorga cinco años para adquirir nueva flota y acceder a rutas por 12 y 15 años, ya se acerca a su tercer año de vigencia. ¿Se logrará el objetivo solo con la norma que la ATU elaboró en 2022? Difícilmente.

Decía Sherlock Holmes: “Usted ve, pero no observa”. En el transporte urbano estamos igual. Vemos, pero no observamos.

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