Entre 2021 y 2026, el actual Congreso aprobó 258 normas que incrementan el gasto público, una cifra récord que supera en 29 leyes a las reportadas por el Consejo Fiscal en octubre del año pasado. Así lo advierte el más reciente pronunciamiento de ese organismo, que alerta sobre el impacto en la estabilidad fiscal del país.

Según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, solo 48 de esas leyes –todas aprobadas desde septiembre de 2025– implicarían un costo fiscal permanente de más de 23 mil millones de soles anuales, equivalente al 1.9% del Producto Bruto Interno (PBI). El informe agrega que esta cifra podría dispararse con otras tres normas, entre las que destaca la Ley 32561, que incrementa las pensiones de policías y militares y que por sí sola irroga un costo estimado de 46 mil millones de soles.

Otra norma de alto impacto es la Ley 32581, que establece para los maestros jubilados una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente fijada en 3,300 soles. El Consejo Fiscal estima que esta disposición generaría un costo anual de 8,018 millones de soles.

A este grupo se suma la Ley 32563, que reconoce el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

“El Perú no puede poner en riesgo su estabilidad fiscal por propuestas populistas. Exigimos el archivo definitivo del proyecto”, demandó la Sociedad de Comercio Exterior en marzo de este año, mediante un comunicado, en referencia al conjunto de normas que elevan el gasto público.

El Consejo Fiscal advierte que la sostenibilidad de las finanzas públicas está en riesgo por la acumulación de gastos permanentes y el incumplimiento recurrente de las reglas fiscales. En su informe, señala que la situación actual responde a “incumplimientos recurrentes de las reglas fiscales” y a “la proliferación de normas y otras medidas que generan presiones sobre el gasto público y debilitan la capacidad de recaudación”. Como ejemplo, calcula que una de estas medidas implicará un costo permanente de 3,006 millones de soles anuales. El organismo también cuestiona que el aumento de la recaudación no debe verse como una fuente permanente de ingresos, ya que responde a factores temporales como los altos precios internacionales del cobre y el oro. “Cuando los factores que favorecen la dinámica de los ingresos se reviertan, los gastos difícilmente podrán ajustarse con la misma velocidad”, advierte el informe. A esto se suma la reducción de los ahorros del Estado. Al cierre de 2025, los activos financieros del Sector Público No Financiero representaban apenas el 7.4% del PBI, uno de los niveles más bajos registrados. Cabe destacar que el periodo legislativo 2021-2026 registra la mayor cantidad de leyes con impacto fiscal de los últimos Congresos. Mientras que entre 2016 y 2019 se aprobaron 62 normas de este tipo y durante el Congreso 2020-2021 apenas ocho, el Parlamento elegido para el periodo 2021-2026 acumuló 258 normas que incrementan el gasto público.

El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, advirtió que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que modificó los artículos que permitían al Congreso iniciativa de gasto no es del todo restrictivo. “Este fallo deja abierta una puerta de excepcionalidad en ciertos casos (...) para cuando hay derechos económicos, culturales y sociales; en esos casos el Congreso puede legislar, pero le pone ciertos candados, tiene que haber coordinación con el Ejecutivo”, explicó en RPP. Segura señaló que esto podría “favorecer” las propuestas legislativas de Fuerza Popular, ya que “una iniciativa que provenga de una bancada oficialista y que, entre comillas, tenga los criterios justamente de que se trata de situaciones de necesidad social, podría tener la ventaja de contar con un aval del Ministerio de Economía y Finanzas que no tendrían otras bancadas”.

El Consejo Fiscal alertó que esta situación reduce la capacidad de respuesta del país frente a una eventual crisis económica o un fenómeno El Niño de gran intensidad. Además, advirtió que si continúa en aumento el gasto rígido, el ajuste para cumplir las reglas fiscales terminaría por afectar a los rubros con mayor flexibilidad del presupuesto, como la inversión pública y el financiamiento de programas prioritarios. Como ejemplo, mencionó que durante este año ya se registraron dificultades para asegurar el presupuesto del Programa Nacional de Becas (Pronabec), debido al incremento de las obligaciones destinadas al pago de planillas.

“Habían generado contingencias y obligaciones enormes al Estado que nos ponían en una senda fiscal insostenible. Básicamente, eventualmente, era la quiebra del Estado peruano”, enfatizó Segura al saludar el fallo del TC.

Fuente: Consejo Fiscal

El exministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides calificó la labor del Legislativo como un “enorme forado fiscal” durante su último periodo. En diálogo con Correo, señaló que “el Congreso no ha tenido ningún miramiento con la estabilidad fiscal; al contrario, ha sido puramente populista”. Según Benavides, estas iniciativas fueron lanzadas “pensando, por supuesto, que eso le iba a servir para perennizarse, pero gracias a Dios eso no ocurrió”.

Respecto a los votos a favor de Fuerza Popular en estas propuestas, el exministro sostuvo que se generó un “efecto rebaño” en el Parlamento. “Cuando se empieza a ver que una iniciativa va tomando fuerza, ya se van sumando todos, porque creen que así van a ganar votos”, explicó.

Por su parte, el economista Segura advierte que el Estado debe mirar hacia atrás y “limpiar” estas leyes adversas. Sugiere que el próximo gobierno cuente con un equipo de abogados y economistas para presentar acciones de inconstitucionalidad. Benavides también aludió al debate legal sobre si la sentencia del Tribunal Constitucional es retroactiva, lo que permitiría al Ejecutivo evaluar la extinción de estas normas. “Dependiendo de eso se va a poder derogar alguna de estas leyes, o ajustarlas a las posibilidades reales de la caja fiscal”, indicó. Finalmente, concluyó que “esto pone un reto al próximo gobierno de la señora Fujimori: revisar esas leyes, ajustarlas o derogarlas si fuese necesario, y ver cómo se financia lo que queda”.

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