Confianza empresarial se divide según ganador: inversiones se acelerarían con Fujimori, se frenarían con Sánchez

La encuesta del SAE, realizada mientras aún no se definía el ganador de la segunda vuelta electoral, reveló que las estrategias de inversión de los empresarios dependían directamente del resultado. Con una ventaja de casi 33,000 votos de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) a la espera de los resultados oficiales, el sondeo recoge las primeras impresiones antes de tener certeza sobre el probable ganador.

Los resultados reflejan que la definición de la elección condicionaba panoramas económicos radicalmente diferentes. En caso de una victoria de Fujimori, el 45% de los miembros del SAE reportó que aceleraría el ritmo de sus inversiones en los siguientes seis meses, mientras que solo el 2% indicó que las reduciría. Por el contrario, si Sánchez ganaba, apenas el 4% aceleraría sus inversiones, muy por debajo del 37% que respondió que las reduciría.

Estas diferencias se sustentan en que el entorno de negocios esperado para cada resultado electoral era radicalmente distinto. Las propuestas de Roberto Sánchez representaban un mayor riesgo para el modelo económico, la inversión y la actividad privada, incluso después de intentar moderarse. Entre ellas figuraban impulsar una Asamblea Constituyente (que probablemente hubiese sido contenida por el Congreso), un rol más activo del Estado en la economía y el fortalecimiento sindical, entre otras.

Así, la percepción mayoritaria de los miembros del SAE fue que sus ventas hubiesen estado por debajo de sus metas en la segunda parte del año si Sánchez ganaba la elección presidencial. En cambio, la mayoría (50%) reportó esperar que sus ventas superen sus metas en ese periodo en caso de una victoria de Fujimori.

De esta manera, la –hasta ahora– probable victoria de Fujimori ubica al país en el escenario relativamente más favorable para el avance de la inversión empresarial. Sin embargo, aún es incierto si se reafirmarán los altos niveles de confianza para invertir reportados este mes bajo ese escenario después de que se conozcan los resultados al 100%. Eso requerirá que se asegure estabilidad política, mejoras en la gestión pública y que se avancen políticas favorables a la inversión privada.

Para conseguir sus objetivos, la formación de coaliciones y consensos políticos será clave. Aunque los 22 escaños de Fuerza Popular en el Senado serían suficientes para evitar una vacancia, el partido, de ser Gobierno, no podría, por sí mismo, aprobar leyes ni blindar a sus ministros frente a una eventual censura en la Cámara de Diputados. Necesitará construir coaliciones en ambas cámaras para sacar adelante varias de sus propuestas y garantizar la continuidad de su gabinete, en caso se les declare como ganadores. Estas alianzas serán factibles si logra consolidar un bloque de centro-derecha junto con Renovación Popular y negociar con el centro, representado por el Partido del Buen Gobierno. Ello podría ocurrir en la medida en que Fuerza Popular esté dispuesta a ofrecer ciertas concesiones. De hecho, los miembros del SAE percibían que la formación de coaliciones sería más probable en un Gobierno de Fujimori de lo que sería en uno de Sánchez. El proceso de negociación política implica que habrá ciertos límites a la capacidad del Poder Ejecutivo de implementar cambios legales significativos. El primer pedido de delegación de facultades de Pedro Castillo resulta ilustrativo sobre cómo pueden diluirse algunas intenciones legislativas del Ejecutivo durante la deliberación parlamentaria, aun cuando la probable ganadora tenga una orientación económica opuesta. En ese momento, se solicitó legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Puntos como la modificación al régimen tributario minero y la creación de nuevos impuestos fueron excluidos por implicar cambios económicos de fondo. Otras facultades, como las vinculadas al IGV y al ISC, se concedieron solo en parte: el Gobierno de ese momento pedía poder modificar las tasas, pero el Congreso de la República solo le permitió prorrogar las exoneraciones ya existentes e impedir que se rebajara el ISC a los productos considerados como dañinos para la salud.

El Gobierno no solo debe sortear las restricciones legislativas que enfrentó con las facultades delegadas —donde las aprobadas sin modificaciones, como digitalizar la fiscalización de Sunat o inscribir contribuyentes de oficio, fueron más tácticas—, sino que también tiene por delante acciones prioritarias en el corto plazo que serán determinantes para la evolución de las expectativas empresariales. La confianza del sector privado dependerá, en buena medida, de cómo el Ejecutivo maniobre dentro de la dinámica congresal para impulsar cambios positivos al menos en casos puntuales.

Entre esas tareas urgentes figuran el nombramiento de funcionarios clave —como el presidente del BCRP, el superintendente de la SBS, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía—, la reconstrucción de las capacidades de la burocracia estatal, la preparación y ejecución de un plan de mitigación frente al impacto del fenómeno de El Niño, la implementación de una estrategia eficaz contra la minería ilegal y el crimen organizado, y el manejo de posibles brotes de conflictividad social. La forma en que el Ejecutivo avance con estas acciones permitirá vislumbrar si se reafirma el optimismo empresarial bajo una probable presidencia de Keiko Fujimori. Esta podría ser la diferencia entre una inversión privada que crezca a doble dígito o una que avance a un dígito.

“Después de la ‘clasificatoria’ presidencial, probablemente lo más importante que escuché fue que no se debiera confundir alivio con felicidad”, señala Pablo del Águila, jefe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría. “¿Es el escenario más probable que pase el ‘equipo’ menos riesgoso para el modelo económico y la actividad empresarial? Sí. ¿Eso nos da un respiro? Sí. ¿Podemos dormir tranquilos? No al 100%”, agrega.

Con un bajo capital político —apenas el 14% de los votantes la respaldó en primera vuelta—, la probable presidenta enfrenta un país polarizado y un riesgo latente de conflictividad social. Su bancada acumula varias “tarjetas amarillas” por su historial populista, que incluye aumento del gasto fiscal, extensión del Reinfo y retiros de fondos de las AFP. Los primeros meses de gobierno serán difíciles, con múltiples retos que exigirán “goles” rápidos. En ese escenario, podría convenirle enfocarse en lo que puede hacer sin aprobación del Congreso y apoyarse en cuadros técnicos para avanzar en mejoras de gestión, simplificación de procesos administrativos y destrabe de proyectos de inversión. Esas acciones darían señales claras de un cambio en la “estrategia de juego”. Por más complicada que haya sido la “clasificatoria”, aún quedan varios “partidos” relevantes. Dada la época mundialista, conviene recordar que goles que no haces…

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