El Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que la minería ilegal de cobre está creciendo de forma acelerada y silenciosa, especialmente en el corredor minero del sur que comprende Arequipa, Cusco y Apurímac. Stephani Maita, economista senior del IPE, señaló que esta problemática aún es poco visibilizada frente a la que ocurre con el oro.

“Diversos especialistas del sector ya han alertado que la escala operativa de estas actividades ilícitas supera con creces lo que debería corresponder a la pequeña minería o minería artesanal”, sostuvo Maita durante un evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Según el analista Iván Arenas, actualmente circulan entre 120 y 200 camiones diarios cargados con mineral ilegal en este corredor, “casi el doble de los que registran operaciones legales como Las Bambas”. Este auge ilegal se ve impulsado por los altos precios internacionales del cobre y por una red creciente de plantas de procesamiento no fiscalizadas.

“En los últimos diez años, estas plantas no solo se han triplicado en número, sino que también han incrementado su capacidad operativa, especialmente en regiones como Arequipa e Ica, debido a su cercanía con los puertos de exportación”, explicó Maita.

El IPE ha identificado la presencia de mineros ilegales en zonas concesionadas a proyectos estratégicos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira. “Esto representa un serio riesgo para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión minera, al dificultar la liberación de terrenos y aumentar la conflictividad social”, señaló Maita. Aunque el instituto aún no cuenta con un estimado oficial sobre el volumen total de cobre extraído ilegalmente, advirtió que, de persistir la ausencia de un Estado fiscalizador, podríamos “alcanzar escenarios de violencia y crimen organizado similares a los del norte del país”, donde la minería ilegal del oro ha facilitado la entrada de mafias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas.

En agosto del 2024, la producción nacional de cobre alcanzó la cifra mensual más alta del año, con más de 240,000 toneladas métricas finas. (Foto: Andina)

El problema se agrava con la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Por ello, el IPE insiste en que un primer paso para enfrentar con firmeza la minería ilegal es el cierre de este registro, así como la implementación de una estrategia integral que incluya una mayor fiscalización, trazabilidad y cooperación internacional.

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