La detención del expresidente Pedro Castillo no fue arbitraria, sino que se produjo en flagrancia después de que anunciara un golpe de Estado en vivo y en directo y, al no encontrar respaldo a su medida antidemocrática, intentara huir a México. El Congreso, incluso con el voto de su propia bancada, lo vacó del cargo. Cualquier persona mínimamente informada reconoce la legalidad de ese arresto, algo que, al parecer, no ocurre con los miembros del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un organismo internacional que, según se evidencia una vez más, está ideologizado y protege a personajes de su misma línea política, pese a ser responsables de delitos flagrantes.

La semana pasada, el GTDA opinó por la liberación del golpista Castillo, argumentando que se le procesó de manera irregular “transgrediendo sus derechos al no permitirle defenderse”. Aunque no se trata de una resolución o fallo emitido por la ONU como institución, ese pedido es una ofensa a los peruanos. Los evaluadores del grupo, integrado por extranjeros, ignoran el limpio y transparente proceso judicial que se le siguió al exmandatario. Esas audiencias fueron transmitidas en tiempo real y en ninguna de ellas se apreció violación alguna a sus derechos. Todo lo contrario: muchas veces el chotano pretendió burlarse de los magistrados que lo juzgaban, se negaba a hablar, daba discursos políticos y hasta se dio el lujo de lanzar, en pleno juicio, a su aliado Roberto Sánchez como su candidato presidencial.

Todo indica que, tras ser condenado a once años de prisión por el delito de conspiración, Castillo y sus seguidores pusieron en marcha un lobby internacional en la ONU y la GTDA para que abogaran por su libertad. Lo más sorprendente es la identidad de la persona que presentó el reclamo a su favor.

El rumor que recorre Palacio de Gobierno es insistente: el presidente José María Balcázar le concedería el indulto a Pedro Castillo antes de dejar el cargo. Balcázar, amigo personal y compañero ideológico del expresidente, lo visitó múltiples veces en prisión cuando era congresista. No es arriesgado suponer que sea parte de la patraña para liberarlo.

La difusión del pedido de libertad de Castillo no es casualidad. Forma parte de una campaña en marcha para que Balcázar lo indulte. Apenas se conoció la noticia, declaró que lo opinado por la GTDA “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. Lo dijo a sabiendas de que no se trata de un fallo o dictamen vinculante que se tenga que obedecer.

Castillo no reúne el más mínimo requisito para ese beneficio. Si Balcázar lo indulta, podría terminar en la misma celda de su indultado.

El abogado que impulsa esta maniobra es Wilfredo Robles Rivera, quien estuvo preso por terrorismo. Según información pública, fue detenido en 1992 cuando trasladaba explosivos junto con otros terroristas. Es miembro del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Leer artículo completo en trome.com →