El territorio peruano concesionado para actividades mineras llegó a su punto más alto desde 2016, según un reciente análisis del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM). Casi el 16% del territorio nacional —un poco más de 20 millones de hectáreas— está ahora bajo concesión minera, y el informe advierte que estas áreas vienen creciendo en zonas donde predomina la minería ilegal.
Si bien el mayor incremento de concesiones mineras se observa en Puno, La Libertad y Áncash, hay un avance inusual en la Amazonía. Hasta octubre del 2025, los departamentos de la selva concentran alrededor del 11% de la superficie total concesionada. El economista e investigador principal de CooperAcción, José de Echave, señaló que este peculiar crecimiento se evidencia principalmente en zonas como Loreto y Ucayali, que vienen mostrando una tendencia al alza desde el 2023.
“En la Amazonía no hay minería formal, no hay gran minería, lo que hay -sobre todo- es minería ilegal. Lo que podría dar a entender este aumento de las concesiones mineras es que los que están haciendo minería ilegal están buscando un ‘nivel de formalización’ para comenzar a ser titulares de los derechos mineros”, comentó De Echave durante la presentación del OCM. La tendencia al alza también se observa en territorios andinos con fuerte presencia informal.
El precio del oro, que supera los US$ 4,000 la onza, es un factor fundamental para el avance de la minería ilegal, según el especialista. Esta expansión se concentra en zonas amazónicas de Cusco —en áreas como Quispicanchi y La Convención— y Puno, donde, pese a una fuerte presencia de minería formal, también prolifera la pequeña minería y la minería informal.
La minería ilegal se ve facilitada por la existencia de grandes extensiones de concesiones “ociosas” que no están siendo utilizadas por sus titulares. A nivel nacional, hay más de 20 millones de hectáreas concesionadas, pero datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) revelan que menos de 2 millones se usan para exploración y explotación. Esto deja alrededor de 18 millones de hectáreas “improductivas”.
Además, hay una gran concentración de derechos mineros en pocas manos: un 4.23% de los titulares —de gran y mediana minería— concentra el 63% de las concesiones, y en promedio solo un 1% de los titulares mineros del país controla más de la mitad de la superficie total concesionada.
“No se va a poder encontrar salidas a la expansión caótica de la minería ilegal si es que no se discute el tema de las concesiones mineras”, indicó de Echave.
Ley MAPE no sería suficiente
De Echave afirmó que impulsar la ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) no sería suficiente para solucionar el latente problema de la minería ilegal. Aunque se esperaba que no se volviera a extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —ampliado ahora hasta diciembre del 2026—, se optará por esa ley como alternativa.
El especialista señaló que el problema de fondo está en la Ley General de Minería, vigente desde 1992. “La Ley General Minería tiene unos 200 artículos de los cuales solo dos hablan de este tipo de minería y son artículos que mencionan básicamente extensión de concesiones y toda la política de concesiones mineras está en la ley. Hay cuellos de botella que tienen que ser discutidos y resueltos y La ley MAPE que no va a resolver eso”, indicó. Ana Leyva, vocera de CooperAcción, agregó que se observa un debilitamiento de la institucionalidad ambiental, además de la falta de voluntad política para abordar el problema de la minería ilegal de manera estructural. “El debilitamiento siempre se ha centrado en el único instrumento ambiental que permite prevenir daños que es el sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA)”, señaló. Leyva sostuvo que los plazos para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados se han reducido de 150 a 120 días, y que se percibe un retroceso en la capacidad de las entidades para discrepar. Aunque se aprobó la certificación única para el EIA, se estableció que no puede haber opiniones contradictorias de las entidades que se pronuncian.
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