La Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal del Indecopi revocó la designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidadora de Doe Run Perú y nombró en su lugar a Marco Eusebio Chávez Magán, quien asumirá la conducción de la etapa final del proceso de liquidación. La decisión reabre el debate sobre la estabilidad de uno de los procesos concursales más prolongados del país, que ya supera los 14 años y suma ocho liquidadores distintos.

El proceso concursal de Doe Run suma un nuevo capítulo tras la revisión de los criterios de designación.

La resolución respondió a un recurso de apelación presentado por el propio Chávez Magán. El tribunal concluyó que, durante la evaluación de los postulantes, se tomaron en cuenta registros que ya no estaban vigentes para comparar la experiencia y el número de procedimientos asumidos por los candidatos, lo que motivó la revocatoria de la designación anterior. Con este cambio, el nuevo liquidador tendrá a su cargo la elaboración de un plan de trabajo, la preservación de los activos de la empresa y la continuidad de las acciones necesarias para la liquidación y posterior distribución de los recursos entre los acreedores, conforme a la Ley General del Sistema Concursal.

Con más de 14 años de proceso, la liquidación de Doe Run Perú suma ya ocho liquidadores distintos desde su inicio en 2012. El último designado es Marco Eusebio Chávez Magán, quien reemplaza a sus predecesores: Right Business, Profit Consultoría e Inversiones, Dirección Integral y Gestión de Empresas (Dirige), Carrizales Infraestructura & Servicios Públicos, Alta Sierra, Consultores A-1 y Alva Legal Asesoría Empresarial. Durante este extenso periodo se han registrado renuncias, pérdida de registros, apelaciones y reemplazos sucesivos, y algunas gestiones incluso fueron sometidas a procedimientos administrativos ante el Indecopi, lo que ha contribuido a que este sea considerado uno de los procesos concursales más largos del Perú.

El cambio de liquidador ocurre en una etapa considerada clave, pues aún está pendiente la recuperación de uno de los principales activos remanentes: un fideicomiso valorizado en aproximadamente US$19,4 millones. Esos recursos deberán incorporarse al patrimonio en liquidación para su posterior distribución entre los acreedores, conforme a la normativa vigente. La designación marca así un nuevo capítulo en un procedimiento que lleva más de una década sin concluir. El reto para la nueva administración será avanzar en la recuperación de los activos pendientes y acelerar una liquidación que, tras ocho cambios de responsable, continúa siendo uno de los casos concursales más prolongados y complejos del país.

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