El II Juzgado Constitucional de Lima ha admitido a trámite una demanda de hábeas corpus presentada por la defensa legal de Pedro Castillo, con el objetivo de lograr su excarcelación. La medida se sustenta en la presunta vulneración de su derecho a la libertad individual.
La Resolución N.° 01, emitida el 10 de julio de 2026 por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa, oficializa esta decisión. El recurso fue interpuesto por el abogado de Castillo, Walter Ayala, y está dirigido contra el presidente de la República, el Ministerio de Justicia, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras autoridades e instituciones.
En su escrito, Ayala se ampara en el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, que calificó de arbitraria la captura de Castillo. Además, solicita que el juez se constituya en el penal de Barbadillo y ordene la liberación del expresidente, con apoyo de la fuerza pública. También pide declarar nula la Resolución del Congreso que declaró la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, el 7 de diciembre de 2022.
El informe del Grupo de Trabajo de la ONU, que ya fue admitido a trámite por el Poder Judicial, sostiene que la detención de Pedro Castillo fue “arbitraria y vulneró derechos fundamentales”. El documento analiza los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente intentó disolver el Congreso. Según el grupo de expertos, el mensaje a la Nación que dio Castillo aquel día constituyó un “acto simbólico” protegido por la libertad de expresión. La ONU señala que no existió coordinación con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional para ejecutar un levantamiento, lo que refuerza la tesis de que su arresto fue ilegal. Este hábeas corpus busca precisamente la excarcelación del exmandatario, quien permanece detenido desde entonces. La defensa de Castillo, liderada por el abogado Walter Ayala, presentó el recurso basándose en las conclusiones de este informe internacional. La resolución judicial que admitió a trámite la demanda abre la posibilidad de que se revise la situación legal del exjefe de Estado.
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