El excanciller Hugo de Zela afirmó que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas a favor del expresidente Pedro Castillo carece de carácter vinculante para el Estado peruano, por lo que no puede servir de base legal para otorgarle una gracia presidencial. En declaraciones a Canal N, De Zela precisó que el documento no es una resolución oficial de la ONU, sino la opinión de un grupo de expertos donde, además, no hubo unanimidad: dos de sus integrantes emitieron votos discrepantes.

“No es una decisión de las Naciones Unidas. Es una opinión de un grupo de trabajo y ni siquiera existe unanimidad entre sus integrantes, porque dos miembros emitieron votos discrepantes”, sostuvo.

El exministro de Relaciones Exteriores también cuestionó el contenido del informe, al que acusó de omitir elementos clave del proceso judicial que enfrenta Castillo. Según indicó, el grupo de trabajo no analizó los argumentos de la Corte Suprema ni el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente anunció la disolución del Congreso y otras medidas excepcionales.

“El informe no aborda los argumentos de la Corte Suprema ni del Tribunal Constitucional. Se limita a presentar lo ocurrido como un ejercicio de libertad de expresión, cuando millones de peruanos vimos un intento de quebrar el orden constitucional”, afirmó De Zela.

Asimismo, calificó de “insultante para los peruanos” que el documento no reconozca los hechos registrados durante el mensaje presidencial de Castillo.

Descarta que pueda justificar una gracia presidencial

El excanciller Hugo de Zela descartó que el informe de la ONU sobre Pedro Castillo pueda servir como sustento para que el presidente José María Balcázar otorgue una gracia presidencial. A su juicio, el documento no modifica el marco constitucional ni tiene fuerza jurídica para alterar las condiciones previstas por la legislación peruana. “La gracia presidencial tiene condiciones claramente establecidas en la Constitución. Este informe no modifica esas reglas ni tiene fuerza jurídica para hacerlo”, sostuvo. De Zela advirtió que una eventual decisión adoptada al margen de la Constitución podría generar responsabilidades constitucionales y penales para las autoridades que la aprueben y refrenden. Asimismo, expresó su confianza en que el Ministerio de Justicia actuará conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Considera posible recomponer la relación con México

En otro momento de la entrevista, De Zela se refirió al proceso de acercamiento entre Perú y México. Afirmó que observa un cambio en el tono de las declaraciones de la presidenta mexicana y consideró positivo que ambos gobiernos busquen retomar el diálogo diplomático. “Con México nos unen vínculos históricos, comerciales y políticos muy importantes. Lo fundamental es que exista el compromiso de no intervenir en los asuntos internos de otros países”, señaló. Finalmente, manifestó su expectativa de que el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas se concrete sobre la base del respeto mutuo y los principios del derecho internacional.

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