En un pronunciamiento conjunto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Proinversión y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) salieron en defensa del cobro de peajes como un mecanismo de financiamiento sostenible para garantizar carreteras seguras y operativas en el país. La declaración se produce a la espera de un nuevo fallo del Tribunal Constitucional, que evalúa la demanda de un ciudadano que solicita suspender el cobro del peaje en la concesión vial administrada por Covinca S.A., en el sur del país, específicamente en el desvío Quilca-Arequipa-Matarani-Moquegua-Ilo-Tacna-La Concordia.
Las entidades señalaron que las vías interurbanas son infraestructura estratégica para la integración territorial, el transporte de personas y mercancías, el comercio y el acceso a servicios esenciales. Por ello, mantener estándares adecuados de calidad y seguridad requiere inversiones permanentes. Precisaron que el desarrollo vial no solo implica construir nuevas carreteras, sino también destinar recursos para su conservación, rehabilitación y operación, así como para servicios asociados como auxilio vial, atención de emergencias, señalización, gestión del tránsito y acciones de seguridad vial.
Según indicaron, estas intervenciones permiten prolongar la vida útil de las carreteras, reducir costos logísticos y mejorar las condiciones de movilidad para los usuarios. Las instituciones sostuvieron que los peajes constituyen un mecanismo de financiamiento que contribuye a la sostenibilidad de estas inversiones, bajo el principio de que quienes utilizan la infraestructura participan directamente en su mantenimiento y mejora. El comunicado reafirma que el cobro de peajes es clave para asegurar la conservación, operación y seguridad de las carreteras del país, en medio del fallo pendiente del Tribunal Constitucional sobre estas tarifas.
El MEF, el MTC, Proinversión y Ositran reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada para impulsar el desarrollo de carreteras en el marco del ordenamiento jurídico y el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional. En esa línea, consideraron que el desafío para el país es garantizar un financiamiento responsable, transparente y sostenible para la infraestructura vial. Las entidades señalaron que el marco normativo vigente ya contempla mecanismos para atender las necesidades de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de las estaciones de peaje, preservando el equilibrio financiero de los proyectos y la continuidad de las inversiones.
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