Keiko Fujimori heredará una pesada carga de arbitrajes contra el Estado peruano

El arbitraje se ha consolidado como el principal mecanismo para resolver conflictos derivados de la contratación pública en el Perú, y la magnitud de esta tendencia será uno de los desafíos que enfrente el próximo Gobierno. Según el balance del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre 2022 y junio de 2026 ingresaron 2,955 arbitrajes, lo que evidencia un uso sostenido de esta vía para dirimir controversias entre entidades estatales y empresas privadas. Solo en el primer semestre de 2026 se registraron 321 nuevos procesos.

Más allá de los ingresos anuales, la carga real que recibirá la administración de Keiko Fujimori son los arbitrajes que permanecen abiertos. De acuerdo con información del Centro de Arbitraje de la CCL proporcionada a Gestión, actualmente existen 325 arbitrajes en trámite contra el Estado, concentrados en sectores como construcción y obras, educación, minería, salud, tecnología, telecomunicaciones, transporte, servicios, seguridad, seguros, servicios legales y el sector farmacéutico.

Para Rosario del Pilar Fernández Figueroa, presidenta del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCL, esta herramienta se ha consolidado como el principal mecanismo para resolver controversias derivadas de la contratación pública. La especialista recordó que estos conflictos no suelen originarse al momento de firmar un contrato, sino durante su ejecución.

Las controversias más recurrentes en los arbitrajes nacionales giran en torno a las ampliaciones de plazo —cuando los contratistas piden más tiempo por causas ajenas a su responsabilidad— y a las liquidaciones de obra, etapa donde afloran discrepancias sobre el monto final a pagar. En ese contexto, los informes de los supervisores de obra suelen ser determinantes para resolver estos conflictos.

Hernán Jordán, socio de DLA Piper Perú, precisó que los arbitrajes administrados por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) son de naturaleza comercial y buscan solucionar disputas contractuales. En contraste, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) atiende reclamos entre un Estado y un inversionista extranjero cuando este alega que se vulneraron obligaciones internacionales previstas en un tratado o contrato de inversión.

El fortalecimiento del sistema arbitral, según Fernández, debe acompañarse de un marco normativo que preserve su rapidez y eficiencia. Advirtió que ciertas disposiciones incorporadas en la normativa sobre contratación pública podrían generar una sobrerregulación, al imponer requisitos a las instituciones arbitrales que no guardan relación con la calidad del servicio. Como ejemplo, cuestionó el proyecto de modificación de la Directiva N.° 004-2025-OECE-CD (Regaju), que incluye exigencias logísticas como el tamaño de las instalaciones o de las salas de audiencia, aspectos que —a su juicio— no inciden directamente en la correcta resolución de controversias.

Del arbitraje nacional al internacional

Domingo Rivarola, socio del área de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas, precisó que los procesos ante el Ciadi suelen involucrar concesiones u otras inversiones de gran envergadura y largo plazo, por lo que son resueltos por tribunales internacionales especializados. A diferencia de un arbitraje nacional, cuyos laudos pueden ser objeto de un recurso de anulación ante el Poder Judicial, las decisiones del Ciadi solo pueden ser revisadas por los mecanismos previstos dentro del propio organismo, recordó el especialista.

Actualmente hay 22 arbitrajes de inversión pendientes contra el Perú ante el Ciadi, la cifra más alta entre los países latinoamericanos. México ocupa el segundo lugar con 21 procesos, seguido por Colombia (18), Honduras (13) y Panamá (10). Los casos contra el Perú están vinculados principalmente con proyectos de infraestructura, minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y concesiones, e involucran a empresas como APM Terminals, Telefónica, Enagás, Cerro Verde, Brookfield, VINCI Highways y operadores de la Línea 2 del Metro de Lima, entre otras.

El reto para el próximo Gobierno

Ambos especialistas coincidieron en que un arbitraje nacional no constituye la antesala de uno internacional. Si bien en algunos casos una misma inversión puede dar lugar a controversias paralelas cuando también está protegida por un tratado de inversión, se trata de procedimientos distintos, con fundamentos jurídicos diferentes y uno no funciona como instancia de apelación del otro. Más allá de la defensa de los procesos que ya se encuentran en trámite, ambos especialistas coincidieron en que el principal desafío será evitar que nuevas controversias escalen hasta el ámbito internacional.

La próxima administración debería aprovechar con mayor frecuencia las etapas de trato directo para evaluar acuerdos cuando resulten más convenientes que un litigio, consideró Rivarola. “Muchas veces existen herramientas legales para transar, pero los funcionarios prefieren litigar por temor a eventuales cuestionamientos de los órganos de control”, señaló. Jordán, en tanto, sostuvo que ello pasa por respetar los compromisos asumidos por el Estado, cumplir oportunamente los laudos arbitrales y evitar actuaciones regulatorias arbitrarias que puedan vulnerar tratados de inversión. En el largo plazo, la mejor estrategia para reducir la carga arbitral será fortalecer la confianza de los inversionistas mediante reglas estables y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, añadió Rivarola.

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