Con 44 años y en el poder desde 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo la noche del domingo la nominación oficial del partido oficialista Nuevas Ideas para competir por un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo. Su postulación fue unánime en las primarias internas, donde participó como único candidato junto a su vicepresidente Félix Ulloa.
La posibilidad de un tercer periodo consecutivo se abrió tras una serie de reformas legales y constitucionales impulsadas por el oficialismo. En julio de 2025, el Congreso —controlado por el partido de Bukele— abolió el límite de dos mandatos continuos, aprobó la reelección indefinida, extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. Además, el actual mandato se acortó para sincronizar los comicios presidenciales con los locales, por lo que la presente gestión concluirá en 2027.
Pese a que la oposición calificó las reformas como la muerte de la democracia y sus críticos lo señalan por controlar la fiscalía, la justicia y el Congreso, Bukele mantiene una amplia popularidad impulsada por su estrategia de seguridad, que logró disminuir los homicidios en el país centroamericano.
Bukele logró la nominación de forma unánime en las internas de su partido, superando controversias sobre los cambios legales que permiten la reelección indefinida.
El combate a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que su gobierno desmanteló mediante un estado de excepción vigente desde 2022, es identificado por el 64,3% de la población como el logro principal de la actual gestión, según el último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA). Sin embargo, el mismo estudio revela un contraste estructural: el 70,7% de los ciudadanos entrevistados sitúa la coyuntura económica como el problema más grave que afronta el país.
Al cumplir su séptimo año en el Poder Ejecutivo, el presidente obtuvo una calificación de 8,24 puntos sobre 10, una leve mejoría frente a los 8,15 registrados en 2025. Durante la presentación de los resultados, Amparo Marroquín, vicerrectora académica de la institución, señaló que la evaluación general del mandatario y su administración se mantiene en terreno positivo y muestra un ligero avance. El aparato de gobierno también elevó su ponderación ciudadana, alcanzando los 7,92 puntos este año frente a los 7,85 acumulados en el periodo previo.
No obstante, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian que estas medidas provocaron violaciones a los derechos humanos, torturas, detenciones de defensores de derechos humanos y el uso de la ley para silenciar críticas.
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