En medio de una profunda inestabilidad institucional y una caída del 37% en la adquisición de medicamentos durante el primer cuatrimestre de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró al médico Juan Carlos Aveiga Parra como nuevo ministro de Salud. Con este, ya son ocho los funcionarios que han ocupado ese despacho en lo que va de su gestión.
Sin embargo, el nombramiento enfrenta cuestionamientos legales presentados por el abogado Jaime Chuchuca, quien denunció en redes sociales que Aveiga se desprendió de sus acciones empresariales horas antes de asumir el cargo. Cabe indicar que normas como la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohíben taxativamente que proveedores vigentes del Estado ejerzan como ministros.
La llegada del exdirector médico del Hospital Alcívar consolida la tendencia del Gobierno de poner la sanidad pública en manos de perfiles corporativos y gerentes de clínicas privadas.
La permanencia promedio de los titulares del Ministerio de Salud en el gobierno de Noboa apenas supera los cuatro meses, un dato que contrasta con los tres meses que, según el exministro y salubrista José Ruales, requiere un perfil técnico para familiarizarse con el sector. El último ministro saliente, Jaime Bernabé Erazo, duró poco más de dos meses en el cargo.
A la inestabilidad en el liderazgo se suma una severa restricción económica. Según el Ministerio de Finanzas, entre enero y abril de 2026 la cartera de Salud ejecutó apenas USD 35,3 millones en fármacos, lo que representa el 17% del presupuesto anual asignado (USD 202,9 millones). Esta cifra es considerablemente inferior a los USD 497,9 millones requeridos, de acuerdo con el Plan Operativo Anual. De lo ejecutado, el Gobierno solo ha liquidado USD 13 millones a los proveedores, lo que agrava las deficiencias reportadas desde agosto de 2025, cuando pacientes denuncian la falta de insumos, medicinas y alimentación en hospitales públicos.
Como estrategia de mitigación, el Ejecutivo ordenó la creación de la empresa pública de abastecimiento AIL EP mediante el Decreto Ejecutivo 393, medida que elimina el Viceministerio de Atención Integral en Salud.
Giovanny Pazmiño, secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), criticó el movimiento y sostuvo que debilita la estructura del Ministerio de Salud. El decreto estipula que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (ARCSA) participará en el directorio de la nueva empresa, pero "sin voto". Por su parte, la funcionaria Nataly Morillo anunció la gestión de un contrato para adquirir de forma urgente entre 40 y 50 medicamentos prioritarios provenientes de la India, con la expectativa de que lleguen a los hospitales en los próximos meses. Santiago Carrasco, presidente de la FME, calificó esta decisión como una "maniobra política" y alertó sobre precedentes internacionales y reportes de la OMS que vinculan fármacos de laboratorios específicos de ese país con el fallecimiento de menores. Exigió que se apliquen rigurosos niveles de vigilancia y controles basados en evidencia científica.
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