Keiko Fujimori anunció, durante una entrevista a un medio colombiano, que una de las medidas para combatir la inseguridad ciudadana durante su eventual Gobierno será que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) realicen rastrillaje en zonas fronterizas. Esto ocurre a pesar de que el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que blinda a los uniformados, evitando que sean investigados por la justicia ordinaria. De aplicarse, el rastrillaje articulado se ejecutaría bajo el amparo de esa norma, que ordena que el cuerpo policial y militar sea investigado en sus respectivos fueros, dejando de lado la justicia ordinaria.
Además de esta propuesta, la lideresa de Fuerza Popular adelantó que realizarán modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. Precisó también que planean “compartir información de inteligencia en Sudamérica y se implementarán juzgados de flagrancia en todo el país, donde el ratio de sentencia llega al 85-90%”. Tanto el rastrillaje como las reformas legales son solo dos de las iniciativas que Fujimori mencionó durante la entrevista.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió a La República sobre los alcances del proyecto de ley. “La redacción de la modificatoria señala que el delito de función comprende toda conducta ilícita por acción u omisión. En realidad, se les está otorgando una amplitud que excede los límites establecidos para tipificar un hecho delictivo como delito de función. El objetivo es abarcar la mayor cantidad posible de hechos delictivos que, técnicamente, hoy no son considerados delitos de función, pero que a partir de esta norma podrían recibir esa denominación”, alertó.
En paralelo, las últimas modificaciones al Código Procesal Penal se realizaron mediante los Decretos Legislativos 1735 y 1708. Estas normas amplían los plazos de detención hasta 15 días en casos de crimen organizado y autorizan el levantamiento del secreto de las comunicaciones en delitos de extorsión en menos de 24 horas.
Fujimori también sumó propuestas inspiradas en los gobiernos de Donald Trump, Nayib Bukele y Daniel Noboa. Una de ellas es integrar el Escudo de las Américas, una alianza regional de seguridad impulsada por Trump para combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la migración irregular. Al respecto, precisó que se permitirá el apoyo de EE. UU. “hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permitan”.
Siguiendo el modelo de Bukele, anunció la construcción de “al menos cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y peligrosos”. Para ello, se convocarán licitaciones internacionales. “En El Salvador se construyeron en ocho meses, acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido. Es algo en lo que vamos a pedir colaboración para que los países con mayor experiencia puedan ayudarnos”, declaró.
El internacionalista y docente de la PUCP Ramiro Escobar señaló que Fujimori deberá evaluar si las estrategias de Noboa han tenido resultados, pues la criminalidad sigue “disparada” en Ecuador. “La política de mano dura, de militarizar las cárceles o, de alguna manera, ‘bukelizar’ las políticas contra la criminalidad en Ecuador y en cualquier otro país no resultaría factible en Perú por una razón fundamental y es que cada país tiene una situación distinta”, manifestó a La República. Escobar explicó que en El Salvador se trata de un país pequeño que, principalmente, se enfrenta a Las Maras. En cambio, en Ecuador y en Perú la criminalidad tiene varias expresiones: el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas. Por ello, “trasplantar” una experiencia como la de Bukele al Perú o al Ecuador sería un “desacierto, una falta de información y entendimiento”. Lo que sí tendría sentido, sostuvo, sería establecer una cooperación fronteriza con Ecuador porque, en algunos casos, ambos países tienen la presencia de las mismas redes criminales.
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