La denominada Ley de Modernización del Sistema de Pensiones, impulsada originalmente por el Congreso y el Gobierno, ha sido repudiada por sus propios creadores, quienes ahora piden su derogatoria o plantean modificaciones que desvirtúan su esencia: generar pensiones en mejores condiciones y ampliar la cobertura. El detonante fue el aval del Ejecutivo a un octavo retiro de fondos de AFP —en clara contradicción con su postura inicial de oposición (Gestión 15.09.2025)—, precedido por el malestar de algunos grupos expresado en redes sociales y marchas acotadas. Esto precipitó a las bancadas de derecha que gestaron la reforma a rechazarla y respaldar el nuevo retiro de ahorros previsionales, sumándose así a los partidos de izquierda en el Parlamento, que se oponen a la reforma.
En sendos comunicados, APP exigió su derogatoria; Renovación Popular la tildó de “abusiva ley de AFP” y anunció una iniciativa legislativa para corregir “tal atropello”; mientras que Fuerza Popular acusó al Gobierno de “desnaturalizar la reforma de pensiones” y propuso correcciones inmediatas. “Las restricciones actuales como la prohibición de nuevos retiros, límite del 95.5% para menores de 40 años y la obligación de aportar para los independientes, no son nuestras. Fueron impuestas por el Gobierno, que hoy se contradice y cambia de posición”, señaló la bancada naranja en su pronunciamiento.
Los partidos de derecha critican que la reforma de pensiones, en sus actuales términos, limita la libertad de los trabajadores para disponer de sus ahorros, pese a que los aportes al sistema les pertenecen. Por ello, proponen excluir a los independientes de la obligación de aportar, restituir el retiro del 95.5% del fondo para todos los afiliados de AFP al jubilarse y poner en agenda de la Comisión de Economía un octavo retiro. De hecho, este grupo de trabajo congresal ya convocó a debate de la nueva liberación de fondos para mañana.
Las bancadas derechistas alegan que la prohibición de la disposición libre de los fondos —a través del retiro del 95.5% y de liberaciones extraordinarias como la octava—, así como el aporte forzoso de independientes y la afiliación obligatoria desde los 18 años, fueron introducidas por el Ejecutivo en el reglamento de la reforma publicado la semana pasada. Sin embargo, todas y cada una de esas disposiciones que hoy cuestionan fueron aprobadas por esos mismos partidos en la Ley de Modernización del Sistema de Pensiones en septiembre del 2024.
Más allá de endilgar responsabilidades entre unos y otros, el octavo retiro de fondos de las AFP y otros “extraordinarios” —sin que esto implique quitar al afiliado el derecho a la pensión mínima—, la restitución del acceso al 95.5% del fondo al momento de la jubilación y la supresión del aporte obligatorio de independientes que ahora enarbolan los partidos de derecha, le quitarán el propósito esencial a la reforma: que más peruanos tengan una pensión suficiente al dejar de trabajar.
Con los retiros ilimitados, el Sistema Privado de Pensiones seguiría perdiendo tamaño: solo desde el 2020 el fondo administrado por las AFP se redujo a S/ 115,000 millones. Esto, según expertos en temas previsionales, impediría que se concrete otro de los pilares de la reforma: el ingreso de nuevos competidores al sistema para dejar de depender únicamente de las AFP. Los potenciales interesados, ante un fondo cada vez menor, rebajarían sus expectativas de entrar al negocio.
Por eso, los analistas consideran que no se sostienen las declaraciones del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien ayer afirmó que, pese al respaldo del Ejecutivo al octavo retiro, se mantendrán los pilares principales de la reforma, como la mayor competencia y la pensión mínima. Más aún cuando el propio titular del MEF proyectó que con el octavo retiro 8.6 millones de afiliados se quedarán sin fondos y sin acceso a una “pensión digna”.
Sin validez
El exministro de Economía, Alfredo Thorne, ya había afirmado que con la nueva liberación de fondos de AFP la reforma queda invalidada. Otros especialistas se pronunciaron en similar sentido. José Larraburre, especialista en portafolios de inversión con fines previsionales, sostuvo que la reglamentación de la Ley de Modernización del Sistema de Pensiones tomó mucho tiempo y coincidió con el periodo preelectoral, en el que se suelen dictar medidas según las expectativas de cada partido y no necesariamente pensando en el afiliado.
“De aprobarse un octavo retiro, claramente no sería algo positivo y dejará abierta una ventana a más liberaciones, quizá se podría lograr algo con la reforma”, dijo a Gestión. Pero advirtió que si además del retiro se retrocede en la incorporación de independientes y se permite disponer del 95.5% de fondo nuevamente, “la reforma perdería sentido y no tendría validez”. Actualmente, la ley vigente prohíbe el retiro del 95.5% del fondo de AFP para más de cuatro millones de afiliados menores de 40 años. Sin embargo, si el Congreso deroga o modifica esa norma, como buscan varias bancadas, la restricción se levantaría y la disponibilidad se extendería a todos los afiliados sin distingo de edad. De concretarse, la reforma de pensiones quedaría sin efecto, según el especialista.
Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.
Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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