Una presunta colecta de fondos realizada por canales distintos a los oficiales de Juntos por el Perú (JP) quedó al descubierto a través de una serie de mensajes difundidos entre integrantes del partido. Según un reportaje de Cuarto Poder, estos aportes tenían como objetivo financiar las impugnaciones de actas electorales presentadas tras los últimos comicios.

En las conversaciones, que corresponden al grupo de coordinación regional de Piura “Amigos de Lucha 2026”, se difundió un afiche alternativo que incluía un número telefónico diferente al de la tesorera oficial de la organización, Luzmila Ayay. Ante ello, varios militantes y simpatizantes cuestionaron que los depósitos fueran dirigidos a cuentas personales y no a los mecanismos de recaudación reconocidos por la dirigencia nacional.

De acuerdo con los integrantes de ese grupo, los aportes solicitados no habrían seguido los canales establecidos para el registro de aportes partidarios. Los simpatizantes compararon el material difundido con la información validada por la organización política, que establece que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) solo reconocía los ingresos gestionados directamente por la tesorera oficial.

El contacto que figuraba en el afiche correspondía a Dacia Romero, personera legal de Huancavelica. Según su versión, la diputada electa por esa región, Catherin Palomino, coordinó la colocación de ese número bajo el argumento de atender una situación de emergencia para cubrir los gastos del proceso electoral.

Fuente: Cuarto Poder. Romero señaló que Palomino evitó usar sus propias cuentas bancarias en el material de difusión por posibles consecuencias legales, por lo que la personera habría asumido la recepción de los aportes mientras avanzaba la recolección de fondos. Ante las versiones contradictorias entre la tesorera del partido y la personera regional sobre el ingreso y manejo de los recursos, el caso podría ser evaluado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Juntos por el Perú indicó que todavía no presenta el balance consolidado de aportes porque la entidad electoral aún no establece el cronograma de rendición de cuentas. El presidente del instituto Aklla, José Tello, señaló que estas diferencias ameritan una revisión de los movimientos económicos. La evaluación técnica incluiría la identificación de aportantes, cuentas utilizadas y destino de los fondos. Si se determina que los recursos fueron recibidos fuera de los canales declarados o que existieron mecanismos paralelos de recaudación, las autoridades competentes deberán establecer si hubo responsabilidades administrativas o legales. El análisis dependerá de la documentación financiera que presente la organización política y de las verificaciones que realice la autoridad electoral.

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