El último viernes 10 de julio, la defensa legal de Pedro Castillo formalizó un nuevo pedido de gracia presidencial ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La solicitud, que invoca el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, busca la libertad del expresidente por una vía distinta a la que su equipo legal había planteado en ocasiones anteriores. A diferencia de otros intentos, este pedido no se sustenta en motivos de salud ni en razones humanitarias.

En términos legales, se trata de una gracia común y no de un indulto, figura que suele mencionarse con más frecuencia en el debate público. La diferencia es clave: mientras el indulto extingue la pena tras una condena firme, la gracia común puede aplicarse a un procesado que aún no tiene sentencia, siempre que su situación cumpla ciertos requisitos legales. El equipo de Castillo argumenta precisamente que no existe una sentencia firme y consentida en su contra hasta la fecha.

El argumento central de la defensa se enfoca en los plazos de su detención. La solicitud llega a pocos días de que José María Balcázar deje el Palacio de Gobierno.

Defensa del expresidente ingresó el pedido el último 10 de julio. Foto: difusión La defensa de Pedro Castillo ha presentado un nuevo pedido de gracia presidencial ante el gobierno de Balcázar, basado en los plazos de la prisión preventiva. Según el escrito, el plazo de investigación compleja, fijado en ocho meses y prorrogado por un periodo similar, venció el 11 de abril de 2024. Con un cálculo adicional que duplica ese parámetro como criterio garantista, los abogados sostienen que el límite máximo de la reclusión se cumplió el 16 de diciembre de 2024. Por ello, solicitan la conmutación de la medida y su posterior anulación. Un informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU respaldó este argumento. El documento internacional concluye que la detención de Castillo, ejecutada tras el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, vulneró sus derechos fundamentales. Describe ese mensaje como un acto de carácter simbólico, protegido por la libertad de expresión, y sostiene que no hubo una coordinación efectiva con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional para consumar el intento de disolución del Congreso. Actualmente, el proceso judicial contra el expresidente se encuentra en etapa de apelación ante la Corte Suprema.

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