Lima es la ciudad más afectada por los mensajes amenazantes a través de WhatsApp. Según el último reporte del observatorio del crimen y la violencia de CHS y Credicorp (con encuesta de Ipsos), un 38% de los capitalinos —más de 3,200,000 personas— ha recibido algún mensaje con fines potencialmente criminales por esta aplicación, de acuerdo con el informe de junio último.
La comunicación con la víctima es el primer paso del proceso extorsivo, y hoy, además del acecho presencial y las llamadas telefónicas, se realiza por vía digital: correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales. Sin embargo, WhatsApp se ha convertido en el canal más usado en todo el país. Ante la pregunta “¿a través de cuál de los siguientes medios recibe con más frecuencia mensajes que le parecen sospechosos o potencialmente fraudulentos?”, el 29% respondió WhatsApp, seguido de los mensajes de texto (19%) y Facebook (17%).
Hace un año, el orden era distinto: SMS lideraba con 27%, luego WhatsApp (26%) y Facebook (17%). El mecanismo que más ha disminuido es el empleo de mensajes de texto o SMS, tanto a nivel nacional como en todos los niveles socioeconómicos, señala el estudio.
“El vehículo que se utiliza para la extorsión es Facebook y WhatsApp. Por eso el estado de emergencia no funciona porque es control de territorio. Tú (como autoridad) no controlas el espacio virtual con el estado de emergencia, y es ahí donde corren los mensajes extorsivos”, manifestó Ricardo Valdés, gerente general de CHS.
El informe destaca que, desde el 2022, está pendiente la ratificación del Segundo Protocolo del Convenio de Budapest, el cual permitiría agilizar la obtención de información de los titulares de cuentas de WhatsApp cuando estas sean usadas para fines criminales. “Yo puedo pedirle a Washington, donde está (domiciliada) Meta, información sobre quién está detrás de una cuenta de WhatsApp. Si lo quiero hacer por la vía regular, eso me va a tomar un año o dos. Pero si el Perú hubiese firmado el segundo protocolo de Budapest, el acceso a esa información sería inmediata. Meta, por ejemplo, estaría obligado a entregar la información al Ministerio Público y a la Policía de manera inmediata”, explicó Valdés, quien puso énfasis en que el referido convenio debería ser puesto a debate lo más pronto posible.
Por otro lado, Daniel Chicoma, docente de Esan, advirtió que “los criminales están pescando (en WhatsApp). Si tú respondes, eres víctima. Lo recomendable es no contestar, bloquear el mensaje”. Si la persona responde, le llegarán más comunicaciones sospechosas o directamente extorsivas. También recomendó no agregar al WhatsApp números desde los que llaman y dejan un mensaje de voz que indique, por ejemplo, algún tipo de oferta laboral. “Ha habido datos que fugaron, por ejemplo, de los bancos, y terminaron en el mercado negro de Lima, (en zonas que ya todos conocemos)”, aseveró el catedrático.
El especialista de Esan, Ricardo Valdés, advirtió: “Hay muchos delitos que se están aprovechando de la tecnología”. En esa línea, señaló que “lo que se aterriza en el territorio es la muerte, el atentado. Pero hay un mundo enorme de movimiento económico que se hace en el espacio virtual”. Además, cuestionó que las denuncias de extorsión no se trabajen de forma integral y sistémica, y que no exista un proyecto de inversión para contratar tecnología que procese la información de los delincuentes y combata estos delitos.
Los datos robados no solo se venden a extorsionadores o delincuentes, sino también a empresas tercerizadoras que realizan llamadas para ofrecer productos bancarios o seguros. Es decir, esa información personal termina en manos de compañías formales. Ante la mayor actividad delincuencial, otra sugerencia del especialista es descargar una aplicación que permita identificar llamadas.
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