La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la entrega de S/433 millones del fondo de contingencia del Estado para cubrir el déficit presupuestal que enfrenta de cara a las elecciones regionales y municipales 2026. El pedido fue anunciado por Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, durante una entrevista en RPP.
Pachas pidió al MEF activar el mecanismo de emergencia antes de que termine julio para no atrasar el cronograma de comicios en las regiones más alejadas del país. Explicó que la entidad solicitó un presupuesto total de S/2,108 millones para el periodo electoral 2026 al 2028, monto que respondía a la carga inusual del año: elecciones generales en el primer semestre y comicios regionales y municipales en el segundo. El MEF, sin embargo, aprobó solo S/1,060 millones en un primer momento. Tras un reclamo del organismo electoral, la cartera sumó S/588 millones adicionales al presupuesto inicial.
El funcionario detalló que buena parte del dinero recibido hasta ahora, entre S/1,500 y S/1,600 millones, ya se usó en la primera y la segunda vuelta de las elecciones generales. Por ese motivo, la ONPE quedó con recursos insuficientes para organizar la siguiente etapa del proceso electoral, la de los comicios regionales y municipales.
El pedido de S/433 millones no es el único que enfrenta el sistema electoral. En total, se requieren S/585 millones para no comprometer el cronograma de los comicios regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) necesita S/103.5 millones adicionales, mientras que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) requiere S/52.8 millones más para cumplir con sus funciones. Pachas fue directo al solicitar una respuesta rápida del Gobierno: pidió que el ministro de Economía instruya a su viceministro para activar el fondo de contingencia y emitir el decreto supremo que permita transferir los recursos a las tres entidades electorales. Aunque no dio un plazo exacto, remarcó la urgencia del pedido.
La falta de presupuesto, advirtió, no es solo un tema administrativo. Las localidades con mayor dificultad de acceso corren el riesgo de quedar sin las condiciones logísticas necesarias para votar. Se trata, en su mayoría, de zonas rurales y alejadas de los centros urbanos, donde el traslado de material electoral y la instalación de mesas de votación demandan más tiempo y recursos.
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