El informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que calificó la detención del expresidente Pedro Castillo como "arbitraria" y sin base legal, sigue generando controversia en los ámbitos político y jurídico. El documento, fechado en mayo pasado y divulgado recientemente, insta al Estado peruano a poner "inmediatamente en libertad" a Castillo Terrones y a concederle "el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".
Frente a este escenario, el presidente José María Balcázar afirmó que el informe "viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional" respecto al indulto. No obstante, la Cancillería ha señalado que las opiniones de los grupos de trabajo de la ONU "no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias". En esa línea, el constitucionalista Aníbal Quiroga León consideró que el informe "es una opinión, no es una resolución", por lo que la Cancillería "ha rechazado su efecto vinculante sobre las autoridades de Perú".
Consultado sobre el posible efecto de dicho documento en una eventual gracia presidencial, Quiroga advirtió que si Balcázar otorga el indulto sin refrendo ministerial, "este sería nulo". Además, señaló que el mandatario asumiría "responsabilidad política, penal y constitucional en el próximo Congreso". De esta manera, el especialista subrayó que, más allá de la opinión del grupo de trabajo de la ONU, cualquier decisión del Ejecutivo debe ajustarse estrictamente al marco constitucional peruano para evitar consecuencias legales futuras.
El abogado también calificó las declaraciones presidenciales como "una locución naif, una locución superficial". Sin embargo, advirtió que ese discurso "ha dado motivo a que el presidente de la República, el día viernes, de alguna manera denoste al ministro de Justicia, y diga ‘bueno, que demuestre si sabe de derecho internacional, a ver si ese informe va a cambiar o no va a cambiar su posición frente al indulto’". Para Quiroga, "el presidente lo está retando al ministro de Justicia: ‘demuestre usted que sabe derecho’, porque sabe de antemano que el informe no tiene valor jurídico, no tiene valor constitucional, no tiene ninguna trascendencia".
El letrado consideró que el jefe de Estado, "apremiado por el tiempo", busca que "el ministro de Justicia cambie de opinión" sobre el indulto a Pedro Castillo. No obstante, subrayó que "si se concretara [el indulto] con una resolución" presidencial "sin firma del ministro, no tendría ningún valor". "Según la Constitución, el presidente de la República no es un rey, requiere en sus decisiones de la firma de un ministro y no de cualquier ministro", explicó. Agregó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que esas competencias corresponden al ministro de Justicia, y que el artículo 120 establece: "son nulos los actos del presidente sin refrendo ministerial". Por lo tanto, "si la resolución suprema del indulto no tiene la firma del ministro, es nulo el acto".
En esa línea, detalló que si el presidente emite "un oficio —porque resolución suprema requiere refrendo ministerial— diciendo ‘yo, presidente magnánimo del Perú, decido liberar a Castillo’, eso tiene que ir al ministro de Justicia". Y recordó que la Constitución establece que "nadie debe obediencia a una orden inconstitucional". Por ello, anticipó: "No le van a hacer caso. El INPE pertenece al Minjus, la Policía está en el Mininter".
Si el presidente Balcázar cambia al actual ministro de Justicia y su reemplazo decide refrendar el indulto a Pedro Castillo, tanto el mandatario como el nuevo funcionario "tendrían responsabilidad política, penal y constitucional en el próximo Congreso", advirtió Aníbal Quiroga. En esa línea, sostuvo que si se consigue un ministro de Justicia que firme el indulto, "probablemente que [Castillo] sí va a salir en libertad, pero la responsabilidad se la van a hacer valer en dos meses más y, probablemente, van a anular el indulto y regresará a la cárcel". "Y créame que se lo van a hacer valer, porque sería algo francamente irregular, sería lograr la impunidad frente a un delito tan grave como es un golpe de Estado", aseveró Quiroga. De esta manera, el exministro dejó claro que la eventual liberación del expresidente mediante un indulto firmado por un nuevo ministro de Justicia sería considerada un acto ilegal que el Legislativo podría revertir. Por otro lado, Quiroga destacó "la valentía del ministro de Justicia y la valentía del presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales que, hasta ahora, están resistiendo estoicamente, con el derecho en la mano, a cumplir una orden ilegal e inconstitucional".
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